RIAD.- Arabia Saudita ejecutó a 37 de sus ciudadanos el martes por lo que dijo que eran crímenes relacionados con el «terrorismo», fijando públicamente dos de los cuerpos en un poste como una advertencia a otros.

En un comunicado, Riad declaró a los individuos culpables de atacar instalaciones de seguridad con explosivos, matar a varios oficiales de seguridad y cooperar con «organizaciones enemigas», contra los intereses del país.

Las sentencias se llevaron a cabo en Riad, las ciudades santas musulmanas de La Meca y Medina, provincia central de Qassim y provincia oriental, hogar de la minoría chiíta del país.

Los hombres fueron ejecutados «por adoptar ideas terroristas y extremistas y por formar células terroristas para corromper y desestabilizar la seguridad», informó un comunicado de la Agencia de Prensa Saudita (SPA).

Dos de los cuerpos de los hombres ejecutados fueron colgados públicamente de un poste durante varias horas en un proceso que no es utilizado frecuentemente por el reino y ha provocado controversia por su exhibición.

El Ministerio del Interior dijo que los individuos fueron declarados culpables de acuerdo con la ley, y que su ejecución se ordenó por el Tribunal Penal Especializado de Riad, que se dedica a juicios por terrorismo.

El informe no indica cómo se implementó la pena de muerte, pero se sabe que las ejecuciones en Arabia Saudita se llevan a cabo mediante decapitación con espada o disparos, a veces en público. Se realizan tradicionalmente después de las oraciones del mediodía. Las exhibiciones públicas de los cuerpos de los hombres ejecutados duran alrededor de tres horas hasta las oraciones de la tarde, con la cabeza y el cuerpo cortados, en la parte superior de un poste que domina una plaza principal.

Al menos 100 personas han sido ejecutadas en Arabia Saudita desde principios de año, según un recuento basado en datos oficiales publicados por SPA. El año pasado, el estado del Golfo, rico en petróleo, ejecutó las sentencias de muerte de 149 personas, según Amnistía Internacional.

Las personas condenadas por terrorismo, homicidio, violación, robo a mano armada y tráfico de drogas se enfrentan a la pena de muerte, lo que, según el gobierno, es un elemento disuasivo para nuevos delitos.