BUENOS AIRES.—  La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno de Javier Milei, en una votación clave para la hoja de ruta económica del oficialismo.

El texto obtuvo 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones, tras una votación en bloque que evitó el debate artículo por artículo y permitió avanzar sobre los puntos más controvertidos.

Con esta mecánica, el oficialismo logró aprobar también el artículo 75, que deroga dos leyes ya ratificadas por el Congreso: la Ley de Financiamiento Universitario y la norma que declara la emergencia en discapacidad hasta 2026.

Ambas habían sido sancionadas en agosto, vetadas por Milei en septiembre y finalmente sostenidas por el Parlamento en octubre con mayoría agravada, lo que obligó al Ejecutivo a promulgarlas.

Pese a ello, el Gobierno había suspendido su aplicación por falta de financiamiento, situación que ahora queda formalizada con su eliminación dentro del Presupuesto.

La estrategia de votación general fue decisiva. Al evitar el tratamiento individual de los artículos, La Libertad Avanza logró blindar el texto completo y sortear una discusión que prometía ser áspera en los capítulos sociales y educativos. El proyecto había obtenido dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el 4 de noviembre, por una diferencia de apenas un voto.

Tras la aprobación en Diputados, la iniciativa fue girada al Senado, donde el oficialismo también es la fuerza con mayor representación y buscará replicar el resultado. El avance del Presupuesto es central para el plan económico del Gobierno y para consolidar su esquema de ajuste fiscal.

El texto fija el menor nivel de inversión pública en relación con el PIB de los últimos 30 años, de acuerdo con los propios números oficiales.

Con el equilibrio fiscal como ancla, el Ejecutivo proyecta para 2026 un crecimiento del PIB del 5% y una inflación anual del 10,1%, cifras que Milei presentó ante el Congreso el 15 de septiembre. Además, incorpora una regla de estabilidad fiscal que obliga a recortar partidas si los ingresos caen o si el gasto supera lo presupuestado.

En el plano social, el Presupuesto prevé aumentos reales en algunas partidas, por encima de la inflación proyectada. Jubilaciones y pensiones por discapacidad crecerían un 5% real, educación un 8% y salud un 17%. Al mismo tiempo, el texto prohíbe que el Tesoro se financie a través del Banco Central, reforzando la separación entre política fiscal y monetaria.

La relación con las provincias también ocupa un lugar relevante. El Presupuesto incluye el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, que apunta a compensar deudas cruzadas entre el Estado nacional y las 24 jurisdicciones provinciales, en un contexto de fuerte tensión financiera subnacional.

El antecedente inmediato es excepcional: en 2024, el Gobierno envió el Presupuesto 2025, que nunca fue tratado por el Congreso, y el 30 de diciembre Milei prorrogó por segundo año consecutivo el Presupuesto 2023, algo inédito en la historia argentina. Desde la asunción del actual Gobierno, en diciembre de 2023, la inflación acumulada hasta septiembre asciende al 233,1%, según datos oficiales, un telón de fondo que explica tanto la dureza del ajuste como la urgencia política de aprobar la “ley de leyes”.