BUENOS AIRES.- El empresario Federico “Fred” Machado está acusado de liderar una red internacional de narcotráfico, lavado de dinero y estafas millonarias. Tal como adelantó Último Cable, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina desestimó los recursos presentados por su defensa y confirmó la decisión de extraditarlo a Estados Unidos para ser juzgado.

Según el fallo, el Juzgado Federal N° 2 de Neuquén declaró procedente la extradición de Machado por los cargos uno, dos, tres, cuatro y siete de la Quinta Acusación de Reemplazo emitida en mayo de 2021. La decisión se basa en que el pedido estadounidense se ajusta a las normas internacionales de cooperación judicial.

Durante el proceso, la defensa de Machado había solicitado que se investigara la situación procesal de Kayleigh Moffett, coimputada en Estados Unidos, señalando que una resolución del Tribunal de Distrito de Texas de enero de 2024 podría impactar en la extradición.

Sin embargo, la embajada estadounidense aclaró que la condena de Moffett y de otra coimputada, Debra Mercer Lynn Erwin, no afectaba el caso de Machado. La Corte remarcó que la defensa no demostró cómo los alegados errores habrían perjudicado los derechos del empresario.

Los cargos contra Machado

El expediente estadounidense detalla cinco acusaciones principales:

• Integrar una organización criminal dedicada a la posesión y distribución de al menos cinco kilogramos de cocaína.
• Participar en la fabricación y distribución de cocaína destinada a Estados Unidos.
• Ser cómplice en los delitos de tráfico de drogas.
• Formar parte de una asociación ilícita para cometer lavado de dinero.
• Conspirar para perpetrar fraude electrónico.

La defensa y sus objeciones

Representado por Norberto F. Oneto y Roberto Rallin, Machado alegó falta de doble incriminación, cuestionó la imparcialidad del juez federal y denunció violaciones al principio de igualdad de armas. También planteó la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la ley de extradición y argumentó la aplicación del principio “ne bis in idem”.

Durante la investigación, Machado fue vinculado al diputado liberal José Luis Espert, quien renunció a su candidatura legislativa tras conocerse sus lazos económicos con el empresario.

La causa señala transferencias por u$s 200.000 por asesorías a un proyecto minero de una empresa de Machado en Guatemala y cerca de 30 vuelos en aviones privados financiados por el empresario durante la campaña presidencial de 2019, por un monto estimado en u$s 350.000.

Aunque la Corte Suprema confirmó la extradición, la decisión final recae en el Poder Ejecutivo. Tras la firma del fallo, la Cancillería debe recibir el expediente completo y resolver en un plazo de diez días hábiles si concede la extradición. La normativa argentina permite rechazar el pedido por razones de soberanía, seguridad, orden público u otros intereses esenciales del país.

Actualmente, Machado se encuentra bajo prisión domiciliaria en Argentina, a la espera de la resolución del Ejecutivo sobre su entrega a las autoridades estadounidenses.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y refuerza la aplicación de los tratados internacionales de cooperación judicial en materia penal.