BOGOTÁ.- El regreso a las armas anunciado por un par de líderes de la disuelta guerrilla de las FARC “no es la respuesta” al incumplimiento de ciertos aspectos del acuerdo de paz en Colombia.
Así lo aseguró la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
Tampoco lo es la respuesta del Gobierno. “Mano dura”, agregó Bachelet en una conferencia de prensa ofrecida con motivo de haberse cumplido el pasado 1 de septiembre, el primer año de su mandato.
Al ser cuestionada sobre el convulsionado momento que atraviesa Colombia, dijo que espera que todas las partes implicadas puedan retornar a “la racionalidad” y continuar con los esfuerzos para alcanzar la paz, anhelada por unos y necesaria para otros.
“El acuerdo de paz siempre fue concebido como un proceso a ser implementado a lo largo de varios años (…) y no de un día para otro”, explicó.
El órgano dirigido por Bachelet cumple un rol importantísimo en el cumplimiento de dicho acuerdo, “con responsabilidades muy concretas durante al menos ocho años”.
Asimismo, la alta comisionada recordó que aquellos que anunciaron la lucha armada nuevamente participaron en las negociaciones y estuvieron de acuerdo con el resultado del pacto de paz. En particular, mencionó a Iván Márquez, quien comunicó la vuelta a las armas tras haber sido uno de los principales negociadores del mismo.
“La respuesta no es ir nuevamente a la guerra, pero tampoco lo es mostrar mano dura. Está probado que ambos enfoques tienen consecuencias muy negativas par los derechos humanos de la población”, advirtió.
La expresidente de Chile pidió al Gobierno de Colombia que “redoble sus esfuerzos” para garantizar la seguridad de los excombatientes y de todos aquellos que se apegan al proceso de paz y defienden los Derechos Humanos.
“Hemos recibido reportes de que muchos exmiembros de las Farc y líderes sociales están siendo asesinados durante este tiempo”, se lamentó Bachelet.
Frente a esa situación, la alta comisionada instó a las autoridades a que apoyen más la transición de los exguerrilleros a la vida civil y que se aseguren de que los activistas de derechos humanos puedan cumplir su trabajo sin miedos.
