NAIPYIDÓ.— La Junta Militar de Birmania ejecutó a cuatro activistas democráticos acusados de ayudar a llevar “a cabo actos terroristas”, según informaron este lunes los medios de comunicación estatales. Estas serían las primeras ejecuciones en décadas en esa nación del Sudeste asiático.
Entre los ejecutados está un antiguo diputado del partido de la exdirigente prodemocracia Aung San Suu Kyi. Se trata de Phyo Zeya Thaw, quien fue parlamentario del partido Liga Nacional por la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), fue detenido en noviembre y sentenciado a muerte en enero por violar la ley antiterrorismo.
Kyaw Min Yu, un prominente activista por la democracia, recibió la misma sentencia del tribunal militar. Los otros dos fueron sentenciados a muerte por el asesinato de una mujer que, según ellos, era una informante de la junta en Rangún.
Los cuatro fueron ejecutados por encabezar «actos de terror brutales e inhumanos», reportó diario estatal Global New Light of Myanmar. El periódico dijo que las ejecuciones se llevaron a cabo «bajo el procedimiento de la prisión», sin detallar cuándo ni cómo murieron.
La junta militar ha sentenciado a muerte a decenas de activistas antigolpistas como parte de su represión de la disidencia tras tomar el poder el año pasado, pero Birmania no había practicado una ejecución en décadas.
#Myanmar 🇲🇲 junta executes 4 democracy activists.
Cambodian PM Hun Sen, chair of #ASEAN, had appealed in a letter in June to junta leader Min Aung Hlaing not to carry out the executions, relaying deep concern among Myanmar’s neighbors.https://t.co/akFRJb5DJN
— 🚶🏻Curtis S. Chin (@CurtisSChin) July 25, 2022
La junta fue duramente criticada por las potencias internacionales cuando anunciaron el mes pasado su intención de llevar a cabo las ejecuciones.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó la decisión, tachándola de una «flagrante violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de una persona».
El ejército gobernante continúa con una sangrienta represión contra sus opositores, con más de 2.000 civiles muertos y más de 15.000 detenidos desde el golpe de Estado, según una ONG local.
Las sentencias, resultado de juicios a puerta cerrada en enero, suscitaron la condena internacional, y dos expertos de la ONU las calificaron de «vil intento de infundir miedo» entre la población.
