LA PAZ.—El Gobierno de Luis Arce ha emitido un decreto con el fin de concentrar todos los esfuerzos gubernamentales en combatir los incendios que comenzaron en julio en las tierras bajas de Bolivia.
Tras cuatro meses, las llamas han arrasado con aproximadamente 7 millones de hectáreas, lo que representa el 7% del territorio nacional, afectando tanto la Amazonía como la Chiquitanía, áreas de gran biodiversidad y hábitat de millones de animales.
A pesar de algunos días en que los incendios parecían bajo control, el humo ha vuelto a invadir ciudades como Trinidad y Santa Cruz de la Sierra, lo que ha generado críticas hacia el Gobierno. La declaratoria de Desastre Nacional, una exigencia de diversos sectores políticos y sociales, fue finalmente promulgada, aunque desde la oposición se ha cuestionado la demora en la respuesta oficial.
La situación política ha complicado la respuesta inmediata a esta emergencia. El Ejecutivo ha solicitado a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de dos créditos internacionales por un total de 325 millones de dólares, necesarios para enfrentar los efectos devastadores del fuego. Actualmente, los distintos partidos debaten la aprobación de estos fondos.
La comunidad internacional ha respondido a la crisis, con países como Venezuela y Brasil enviando brigadas de bomberos, y otras naciones colaborando con recursos y equipos especializados. El Gobierno boliviano también ha alquilado aviones cisterna y adquirido cajas con químicos para combatir las llamas.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua informó que 6,9 millones de hectáreas han sido consumidas por el fuego, de las cuales 4,6 millones corresponden a bosques. Sin embargo, el Comité de Operaciones de Emergencia de Santa Cruz estima que solo en esa región se han quemado 7,2 millones de hectáreas, una cifra que contrasta con los reportes oficiales. Según el biólogo Vincent Vos, el total de áreas afectadas en todo el país podría ascender a 10 millones de hectáreas, lo que equivale al 10% del territorio boliviano.
La magnitud de este desastre supera a los incendios de 2019, cuando se quemaron 5 millones de hectáreas. En ese entonces, la oposición utilizó la crisis ambiental para desgastar políticamente al entonces presidente Evo Morales. Ahora, el gobierno de Arce enfrenta una situación similar, con el desafío adicional de aprobar los recursos necesarios para frenar la expansión del fuego.