LA PAZ.— En el segundo día de manifestaciones, miles de mineros paralizaron el centro de La Paz, la capital de Bolivia, exigiendo al gobierno la concesión de nuevas áreas de explotación de oro, a pesar de la oposición de grupos ambientalistas.
En esta segunda jornada, aproximadamente 15.000 mineros llegados de diferentes regiones del país bloquearon el centro de la ciudad de La Paz, ocasionando la interrupción del transporte público.
A pesar de las protestas, el comercio y los servicios bancarios continuaron operando, a pesar del constante ruido de petardos detonados por los trabajadores, quienes marcharon con cascos de protección.
Después de dos días consecutivos de manifestaciones y bloqueos, los mineros cooperativistas decidieron levantar los puntos de bloqueo y concentrarse en la céntrica plaza San Francisco, según informó el diario local La Razón. Los manifestantes optaron por esperar hasta el viernes para dialogar con el presidente Luis Arce o amenazaron con intensificar sus acciones de presión, señaló el periódico.
Las cooperativas mineras están presionando al gobierno de Luis Arce para que atienda un pliego de diez demandas, entre las que destaca la solicitud de nuevas licencias para la explotación de oro en áreas que los ambientalistas consideran zonas forestales y protegidas.
«Es terrible, todos los grupos ambientalistas estamos en emergencia […]. Es increíble que se quiera echar mano de las áreas protegidas», advirtió la activista Eliana Torrico a la AFP.
Uno de los líderes de la movilización, Ricardo Balmaceda, aseguró a la prensa que las organizaciones han presentado «solicitudes en todo el país» para obtener nuevas licencias de explotación. Sin embargo, negó la intención de acceder a reservas naturales, a pesar de las preocupaciones de los ecologistas.
En este sentido, la activista ambiental Torrico insistió en que la presión ejercida por los mineros auríferos pone en riesgo áreas protegidas, como el Parque Natural de Madidi, una reserva de casi 19.000 kilómetros cuadrados en el noroeste de Bolivia. La explotación del oro está vinculada al mercurio, un metal tóxico que contamina los recursos hídricos con un grave impacto en el medio ambiente y la salud humana.
Además de las nuevas concesiones auríferas, los mineros esperan la implementación de una ley que establece nuevos impuestos y autoriza al Banco Central a comprar metal en el mercado interno para incrementar sus reservas internacionales.
El gobierno se ha mostrado dispuesto a entablar un diálogo con los manifestantes, aunque no se ha programado un encuentro con el presidente Arce, como exigen las cooperativas tras meses de infructuosas negociaciones con las autoridades.
