LA PAZ.- El Gobierno boliviano rechazó con dureza una nueva declaración de la OEA y acusó de injerencia al líder de ese organismo, Luis Almagro, acusándolo del “quiere constitucional” ocurrido en el país en 2019. 

“El Estado boliviano firmó de buena fe un acuerdo, de auditoría electoral, con la OEA y lo cumplió a cabalidad hasta que Luis Almagro lo violentó (…) expediendo un informe preliminar no contemplado y habiendo forzado gravemente la verdad para producir un quiebre constitucional en el país”, dijo la diplomacia boliviana en un comunicado. 

La declaración de la Cancillería salió al cruce de un comunicado de la OEA que refutó más temprano una pericia informática de la Universidad de Salamanca, España, según la cual era improbable un fraude electoral oficialista en Bolivia, en los comicios de 2019. 

La OEA, al negar validez al informe universitario español encomendado por la Fiscalía boliviana, insistió en que su auditaría de 2019 había arrojado evidencias de irregularidades en la victoria electoral, luego anulada, del entonces presidente Evo Morales (2006-2019). 

Atribuyendo el último común picado de la OEA al mismísimo Almagro, la diplomacia boliviana ratificó “la validez e importancia del peritaje requerido por la Fiscalía General del Estado a la Universidad de Salamanca, realizando dentro de un proceso judicial que soberanamente lleva adelante el Estado boliviano”. 

“La auditoria que defiende el Secretario General (Almagro) fue realizada sin cumplir con el acuerdo suscrito con el Estado boliviano y terminó siendo un proceso unilateral y paralizado con alusiones erróneas y forzadas”, sostiene el comunicado gubernamental. 

El nuevo comunicado de la OEA constituía “un acto de in herencia en los asuntos internos y la administración de justicia de este país, cuestionado un proceso de investigación penal a cargo del órgano judicial boliviano y que no está concluido”. 

“Las palabras y agresiones del señor Almagro en su comunicado parecen estar dirigidas otra vez a coordinar procesos de desestabilización en Bolivia”, denuncio la Cancillería.