BRASILIA.— El Gobierno de Brasil ha puesto en marcha la Ley de Reciprocidad Económica tras el anuncio de Estados Unidos de aplicar un arancel del 50% a los productos brasileños. La decisión, autorizada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abre un proceso de consultas que puede extenderse hasta siete meses y contempla medidas de respuesta en defensa de la competitividad del país.
La activación de este mecanismo supone un giro en la política comercial de Brasil, que por primera vez aplica la Ley de Reciprocidad Económica frente a una decisión unilateral de EEUU. Con ello, el Ejecutivo de Lula busca combinar la presión institucional con la diplomacia internacional, al tiempo que envía un mensaje de firmeza tanto al mercado como a sus aliados estratégicos.
Un marco legal para responder a Washington
La Ley de Reciprocidad Económica fue promulgada en abril y otorga al Ejecutivo la capacidad de reaccionar frente a decisiones unilaterales de terceros países que afecten a la producción nacional. Según el calendario fijado, la Cámara de Comercio Exterior (Camex) dispone de 30 días para determinar si procede aplicar contramedidas contra EEUU, mientras que el procedimiento general prevé un periodo de consultas de hasta siete meses.
El Gobierno considera que el tarifazo anunciado por la administración de Donald Trump supone un ataque directo a la competitividad brasileña y busca influir en la política interna del país.
El inicio de este proceso envía una señal clara: Brasil está dispuesto a usar todos los instrumentos legales a su alcance para proteger sus exportaciones y defender su soberanía comercial
El equipo del ministro de Hacienda, Fernando Haddad, prepara un paquete de respuestas que incluye desde aranceles equivalentes a productos estadounidenses hasta restricciones en materia de propiedad intelectual o la suspensión de concesiones de inversión.
El abanico de medidas refleja la intención de Lula de mostrar firmeza frente a Washington, pero sin cerrar la puerta al diálogo. De hecho, Brasil ha iniciado consultas paralelas en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ha contratado un bufete de abogados en EEUU para reforzar su defensa legal.
Diplomacia y diversificación comercial
El Ejecutivo brasileño ha acompañado esta estrategia legal con un movimiento diplomático que busca apoyos en el seno del BRICS y en países emergentes. Lula insiste en que Brasil no aceptará imposiciones externas, pero mantiene que la vía negociadora sigue abierta si Washington reconsidera su decisión.
El Gobierno entiende que diversificar sus socios comerciales es clave para reducir la dependencia de EEUU y blindarse ante posibles represalias futuras
Un pulso que marcará la agenda bilateral
La crisis arancelaria se ha convertido en el principal reto de la política exterior brasileña en lo que va de 2025. Lula busca proyectar una imagen de firmeza y liderazgo regional, consciente de que el desenlace de este pulso con Washington tendrá repercusiones en la economía y en la política interna.
El Ejecutivo brasileño apuesta por una estrategia dual: firmeza legal y diplomática, acompañada de un mensaje de apertura a la negociación. El resultado dependerá tanto de la resistencia de EEUU como de la capacidad de Brasil para tejer alianzas internacionales que respalden su posición.
