LOS ÁNGELES.— Cientos de tropas fueron utilizadas para proteger propiedades y personal federal en California en los últimos meses, aun cuando las evaluaciones de inteligencia mostraban poco peligro, declararon el lunes dos oficiales militares en un juicio histórico sobre la autoridad del presidente Donald Trump para usar soldados en el patrullaje de calles estadounidenses.

El juicio de tres días, sin jurado, ante el juez federal Charles Breyer, con sede en San Francisco, determinará si el gobierno violó una ley del siglo XIX que prohíbe el uso del ejército en funciones de aplicación de la ley civil, como alega el estado de California en su demanda contra el despliegue ordenado por Trump en junio.

Los Ángeles vivió días de disturbios y protestas tras redadas masivas de inmigración en lugares donde la gente se reúne para buscar trabajo, como tiendas Home Depot, una fábrica textil y un almacén.

El presidente republicano Trump ordenó el envío de 700 infantes de marina y 4.000 miembros de la Guardia Nacional a Los Ángeles en junio, en contra de la voluntad del gobernador demócrata Gavin Newsom.

La administración niega que las tropas se usaran en tareas de aplicación de la ley civil y planea demostrar que su misión era proteger propiedades federales y a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El juicio comenzó horas después de que Trump anunciara que estaba dando el paso extraordinario de desplegar tropas de la Guardia Nacional para combatir el crimen en Washington, y sugiriera que podría tomar medidas similares en otras ciudades de EE.UU.

Gran parte del testimonio del lunes provino del general de división del Ejército Scott Sherman, quien hasta hace poco comandaba las operaciones militares en Los Ángeles.

Bajo el interrogatorio de un abogado de California, Sherman habló sobre una evaluación interna de inteligencia militar que concluía que habría poco riesgo para propiedades y personal federal durante un operativo de inmigración previsto para el 7 de julio en un parque de Los Ángeles.

Sherman contó que un funcionario del DHS lo criticó y cuestionó su lealtad al país después de que rechazara una solicitud inicial de asistencia militar para ese operativo. Una segunda solicitud fue aprobada posteriormente por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Más adelante, el juez Breyer preguntó al general si el ejército puede desplegar tropas en incidentes incluso cuando determina que existe bajo riesgo para bienes o personal federal.

“Si no se considera una situación en la que hay una amenaza, ¿es su testimonio que igual se puede desplegar al ejército porque podría haber una amenaza en la ejecución de la operación?”, preguntó Breyer.
“Es correcto, su señoría”, respondió Sherman.

Testigos de la administración Trump también describieron situaciones más caóticas, en las que manifestantes lanzaron cócteles molotov y dañaron edificios federales, justificando así el uso inicial de tropas para proteger propiedades gubernamentales.

Muchas de las tropas han sido retiradas de Los Ángeles, pero el fiscal general de California, Rob Bonta, dijo el lunes que 300 miembros de la Guardia Nacional siguen participando en redadas migratorias y restringiendo movimientos de civiles en el estado.

La semana pasada, la administración Trump extendió la activación de tropas en el área de Los Ángeles hasta el 6 de noviembre, según un documento judicial presentado por Newsom.

“El gobierno federal desplegó tropas militares en las calles de Los Ángeles con fines de teatro político e intimidación pública”, dijo Bonta en un comunicado. “Este peligroso movimiento no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos”.

California y Newsom, un destacado demócrata, han pedido a Breyer que prohíba la participación directa de tropas en actividades de aplicación de la ley dentro del país. Sostienen que la Guardia Nacional acompaña a agentes del ICE en redadas y ayuda en arrestos, en violación de la Ley Posse Comitatus de 1878 y otras normas que prohíben la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales civiles.

La demanda de California busca, en última instancia, un fallo que devuelva el control de sus tropas de la Guardia Nacional al estado y una declaración de que la acción de Trump fue ilegal.

El juicio ante Breyer tendrá un impacto limitado en el plan de Trump de desplegar cientos de miembros de la Guardia Nacional en Washington como parte de una ofensiva contra el crimen violento en la capital, pese a que las estadísticas muestran que la criminalidad allí alcanzó en 2024 su nivel más bajo en 30 años.

A diferencia de California y otros estados, donde el gobernador decide cuándo activar a la Guardia Nacional, el presidente tiene control directo sobre la Guardia Nacional en Washington.