BOGOTÁ.— En el informe recientemente publicado por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se ha revelado un aumento del 13% en los cultivos de hoja de coca en Colombia durante el año pasado. Estos cultivos pasaron de ocupar 204,000 hectáreas en 2021 a alcanzar las 230,000 hectáreas en 2022. El informe fue presentado el 11 de septiembre en Bogotá.
El incremento más significativo se concentró en los departamentos fronterizos de Putumayo, Norte de Santander y Nariño, que juntos representan el 65% de todos los cultivos de coca en el país. En particular, en el departamento de Norte de Santander, que alberga la región del Catatumbo, se registraron cerca de 28,000 hectáreas de cultivos de coca. Tibú, en la región del Catatumbo, destacó con 22,000 hectáreas, seguido por Tumaco (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo).
Es importante señalar que las áreas con la mayor cantidad de cultivos ilícitos también son aquellas con una presencia significativa de grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Según el informe, el 49% de los cultivos de coca se encuentra en áreas de manejo especial, siendo el 19% en tierras de comunidades negras, el 15% en reservas forestales, el 10% en resguardos indígenas y el 5% en parques nacionales naturales.
Además de esto, el informe identifica un aumento del 24% en la producción de clorhidrato de cocaína, lo que equivale alrededor de 1,738 toneladas del estupefaciente.
La representante regional de UNODC para la región andina y el Cono Sur, Candice Welsch, ha señalado que los grupos ilegales tienen una preferencia por generar ingresos en lugar de mantener un control territorial, lo que ha contribuido a que las áreas estratégicas para los cultivos de coca sean también lugares propicios para la producción y el tráfico de drogas, especialmente en las fronteras terrestres y marítimas de Nariño, Catatumbo y Putumayo.
Estas nuevas cifras sobre cultivos ilegales de hoja de coca en Colombia llegan poco después de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, que tuvo lugar del 7 al 9 de septiembre en Cali. Como resultado de este encuentro, los Gobiernos de México y Colombia acordaron abordar el tráfico y el consumo de drogas desde sus causas, dejando atrás medidas coercitivas y el paradigma de la «guerra contra las drogas» impulsado por Estados Unidos.
En línea con este cambio de enfoque, el gobierno colombiano, bajo la presidencia de Gustavo Petro desde agosto de 2022, ha buscado reformar las políticas relacionadas con las drogas. Petro ha enfatizado la importancia de no criminalizar a los cultivadores y en lugar de ello, enfocarse en desmantelar las organizaciones criminales. La estrategia para los próximos 10 años busca reducir en un 40% la producción de cocaína en los tres años restantes de su administración, así como apoyar a unas 50,000 de las aproximadamente 115,000 familias que dependen de los cultivos de coca, con el objetivo de guiarlas hacia actividades económicas legales.
Petro ha subrayado que Colombia y México son las principales víctimas de la política de «guerra contra las drogas», calificándola de genocidio y destacando la necesidad de un cambio en esta estrategia a nivel internacional.
