BOGOTÁ.— A través de un documento las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas también como el Clan del Golfo, se dirigieron al presidente colombiano, Gustavo Petro, y al alto comisionado para la Paz, Danilo Ruega, el Estado Mayor de las AGC asegura que la decisión se tomó después de «un consenso» de los altos mandos.
«Estamos atendiendo de esta forma el llamado del Gobierno a la paz total como una política de Estado«, indicaron, para agregar que los abogados contratados «están plenamente facultados en todo lo que tenga relación directa o indirecta con la paz total».
A mí si me produce grande ilusión que el denominado ‘Clan del Golfo’ tome decisiones ciertas y unificadas en dirección a conversaciones y negociaciones hacia la #PazTotal. Y que -sólo de paso- se le acabe la ‘franquicia’ a grupos fachos que amenazan por todo el país en su nombre: pic.twitter.com/lQPXkyaO60
— Wilson Arias (@wilsonariasc) March 6, 2023
Estos abogados «no pertenecen ni han pertenecido nunca a las AGC ni a ningún bloque ni al Estado Mayor«, aunque por el momento el grupo criminal no ha precisado ni quiénes ni cuántos son.
Este anuncio se da días después de que se conociera el asesinato de Wilmar Antonio Giraldo, alias «Siopas», quien según las autoridades era el segundo al mando del Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, en la zona rural del departamento de Antioquia (noroeste).
Medios locales indicaron que el asesinato de Siopas se produjo por disputas internas del Clan del Golfo, entre ellas referentes a la posibilidad de que esta organización armada se someta a la «paz total» propuesta por el Gobierno colombiano.
Tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) nacieron varias bandas criminales, entre ellas el Clan del Golfo o AGC, una fachada política para sus actividades delictivas centradas en narcotráfico, minería ilegal, extorsión y secuestro, entre otras.
Actualmente, las AGC están supuestamente en un cese el fuego bilateral con el Gobierno colombiano que se extenderá hasta junio y tienen las puertas abiertas por parte de la Administración de Petro para negociar una paz que, en su caso, pasaría por el sometimiento a la Justicia.