BOGOTÁ.— El Gobierno de Colombia decretó este lunes el estado de emergencia económica y social por 30 días en todo el territorio nacional, luego del rechazo en el Congreso a la reforma tributaria con la que el Ejecutivo buscaba reforzar las cuentas públicas y garantizar la financiación de servicios esenciales.

La medida, firmada por el presidente Gustavo Petro, habilita al Gobierno a crear nuevos impuestos sin aprobación previa del Congreso —aunque bajo control posterior de la Corte Constitucional—, al considerar que el bloqueo legislativo generó una grave incapacidad fiscal para sostener derechos fundamentales y el funcionamiento del Estado.

El Ejecutivo vinculó directamente la emergencia a la caída de la reforma tributaria del 9 de diciembre, que debía aportar recursos claves para 2025.

También citó como factores determinantes el cumplimiento de obligaciones sanitarias vinculadas a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la presión sobre el sistema de salud, la necesidad de garantizar seguridad ciudadana, el pago de deudas heredadas y las restricciones al endeudamiento externo.

En paralelo, el Gobierno ya prepara un paquete de nuevos gravámenes. Medios colombianos adelantaron que se analizan impuestos al patrimonio empresarial, aumentos en el IVA y tributos al consumo, además de mayores cargas sobre bebidas alcohólicas, tabaco, alimentos ultraprocesados y actividades ligadas a combustibles fósiles.

La declaración de emergencia abre una fase decisiva para la política fiscal del país, con impacto directo sobre empresas, consumidores y sectores estratégicos de la economía.