NUEVA YORK.- El presunto narcotraficante de Honduras Geovanny Fuentes Ramírez, acusado por la Justicia estadounidense de conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos con la ayuda del presidente de Honduras, comenzó a ser juzgado desde este lunes en una corte federal de Nueva York. 

El juicio puede tener algunas consecuencias para el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que es señalado en documentos judiciales de fiscales estadounidenses como “co-conspirador 4” (CC-4) De Fuentes en el envío de toneladas de droga a Estados Unidos, pero no ha sido inculpado ante la justicia. 

Kevin Castel, juez federal de Manhattan, comenzó a elegir el jurado, un proceso que puede llevar varios días. Cuando el jurado esté constituido, comenzarán los alegatos iniciales de la acusación y la defensa. 

En el juicio, el líder del cartel hondureño “Los Cachiros”, Leonel Rivera, preso en Estados Unidos, “testificará que ellos y otros narcotraficantes estaban pagando sobornos masivos a CC-4 a cambio de protección de las fuerzas del orden y protección de un posible extradición a Estados Unidos”. 

Documento de la fiscalía del distrito de Manhattan señalan que Fuentes, arrestado el 1 de marzo de 2020 en Miami, pagó “decenas de miles de dólares” en sobornos al presidente de Honduras a cambio de una promesa de protección y apoyo militar para su negocio de narcotráfico en 2013, cuando éste era presidente del Congreso y candidato a la presidencia. 

Juan Antonio Hernández, Tony Hernández, de 42 años, hermano menor del presidente, fue hallado culpable de narcotráfico a “gran escala” en Nueva York en octubre de 2019, y su sentencia, aplazada varias veces, está prevista para este 23 de marzo. Puede ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua. 

El presidente Hernández, un abogado que asumió el cargo en 2014 y está en su segundo mandato, niega todas las acusaciones y se presenta como adalid en el combate del narcotráfico y las violentas pandillas que siembran terror en la empobrecida Honduras. 

Hernández advirtió que es “un falso testimonio” de acusados de narcotráfico en son contra para poner “en riesgo la cooperación multilateral contra estos flagelos”.