MANAMA.- El máximo tribunal de Baréin ratificó una sentencia de cadena perpetua contra el líder opositor chií, el jeque Ali Salman, por cargos de espionaje para el vecino Catar.

Salman, quien encabezó el movimiento Al-Wefaq, ahora ilegalizado, fue declarado culpable en noviembre por «actos de hostilidad» contra Baréin y «comunicación con funcionarios de Catar para derrocar el orden constitucional», lo cual un grupo de derechos humanos llamó una parodia y Catar negó en repetidas ocasiones.

Sus ayudantes Ali al-Aswad y Hassan Sultan, quienes habían sido condenados a cadena perpetua, también perdieron su derecho a apelar. El trío fue absuelto inicialmente por el alto tribunal penal del país en junio, pero la decisión fue revocada más tarde por un tribunal de apelaciones.

Según una declaración emitida por el fiscal el lunes, la Corte Suprema confirmó el veredicto contra Salman y sus ayudantes por «espiar para un estado extranjero para derrocar al gobierno».

El Instituto Baréin para los Derechos y la Democracia, con sede en Londres, condenó el fallo y desafió a los aliados del país por apoyar a su liderazgo. «Esto es una venganza política y un insulto a la justicia», dijo Sayed Ahmed Alwadaei, director de defensa del grupo. «Castigar a los disidentes pacíficos por liderar las protestas contra la familia gobernante corrupta no tiene nada que ver con la justicia. Este veredicto avergüenza a los gobernantes y sus aliados en las democracias tradicionales occidentales, a saber, Estados Unidos y el Reino Unido», agregó.

Salman, quien tiene más de 50 años, ha sido durante mucho tiempo objetivo del gobierno de Baréin. Según Naciones Unidas, cuando fue arrestado por primera vez en 1994, fue presuntamente torturado y detenido durante meses sin juicio antes de ser deportado y obligado a vivir en el exilio durante más de 15 años.

La figura prominente actualmente cumple una condena de cuatro años bajo cargos de «denigrar y despreciar al ministerio del interior», incitando a otros a violar la ley y fomentando el odio contra los ciudadanos sunitas naturalizados, muchos de los cuales sirven en las fuerzas de seguridad del Estado árabe.

Los grupos de derechos humanos han dicho con frecuencia que los casos contra activistas en Baréin, hombres y mujeres, religiosos y laicos, no cumplen con los estándares básicos de los juicios justos.

Lama Fakih, el subdirector de la división de Medio Oriente y África del Norte en Human Rights Watch, dijo que el fallo del tribunal era parte de una estrategia amplia que empleaba el gobierno «para luchar contra la libertad de expresión en el país». «El poder judicial se ha utilizado para imponer el gobierno del régimen y garantizar que todos los críticos sean eliminados», dijo además.

Gobernado por más de dos siglos por la dinastía sunita Al-Khalifa, la nación ha sido golpeada por oleadas de disturbios desde 2011, cuando las fuerzas de seguridad aplastaron las protestas dirigidas por los chiítas exigiendo una monarquía constitucional y un primer ministro electo. Los dos principales grupos de oposición, Al-Wefaq y el Waad secular, tienen prohibido estar representados en el Parlamento.