QUITO.- La justicia de Ecuador dictó este martes, en ausencia del expresidente, ochos de cárcel para Rafael Correa por corrupción y le impuso una inhabilitación que podría representar su muerte política.
Correa, de 57 años, radicado en Bélgica, ya afronta una orden de prisión por otro juicio que está en marcha, fue sentenciado junto a otras 17 personas por un esquema de corrupción durante su gobierno (2007-2017), según informó la Fiscalía.
El expresidente, que siempre ha sostenido ser blanco de una persecución política del gobernante Lenín Moreno, su exaliado y vicepresidente, con complicidad de jueces, cuestionó el fallo de primera instancia y que podrá ser apelado por Correa.
“Conozco el proceso y lo que dicen los jueces es MENTIRA. No han probado absolutamente NADA. Puro falso testimonio sin pruebas”, dijo el expresidente en su cuenta de Twitter.
Rafael Correa no podrá participar por los próximos 25 años en política. A menos no si se ratifica en instancias superiores la sentencia de este martes.
“Eso era lo que buscaban: manejando la justicia para lograr lo que nunca pudieron en las urnas. Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros. De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada”, manifestó Correa.
Bueno, esto era lo que buscaban: manejando la justicia lograr lo que nunca pudieron en las urnas.
Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros. De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada, pero toma años.
De tu voto depende que esta pesadilla acabe. https://t.co/TSo83MICa4— Rafael Correa (@MashiRafael) April 7, 2020
Entre los condenados aparecen exdiputado y exministro de Correa, así como el exvice Jorge Glas, quien desde 2017 cumple una pena de seis años de prisión por recibir sobornos de Odebrecht.
Según la fiscal general Diana Salazar, en el caso denominado “Sobornos 2012-2016”, las empresas como constructoras pagaron unos siete millones de dólares en sobornos para conseguir contratos.
El exmandatario fue vinculado al caso por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta. Correa alega que se trató de un préstamo de un fondo partidista.