BUENOS AIRES.—  De acuerdo a los publicados por el portal argentino Mundo Gremial, el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA),  que conduce Daniel Malloti, emitió un duro comunicado de prensa en el que advierte sobre una «crisis» en los controles aduaneros, calificando las recientes medidas gubernamentales como un proceso «deliberado de desmantelamiento» que expone al país a riesgos inminentes de contrabando y delitos conexos. El gremio centra su crítica en la Resolución 5770/2025 sobre «Exportación Monitoreada» en forma remota, la cual elimina la presencia física del personal aduanero en momentos clave del proceso de exportación.

Fallas tecnológicas y «peligrosa improvisación»

SUPARA cuestiona la implementación de la nueva normativa, argumentando que el sistema de control virtual en el que se basa ya presenta graves deficiencias. El sindicato recuerda un informe reservado de la SIGEN de febrero de 2025, el cual expuso «graves falencias» y debilidades en el Sistema Cerrado de Control por Imágenes de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Dicho informe detalló fallas «de alto impacto» en el funcionamiento de 190 cámaras de vigilancia por falta de mantenimiento y protocolos, y concluía en la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar el monitoreo. Según el gremio, avanzar en un control remoto con un sistema tecnológico tan debilitado es una «peligrosa improvisación».

El artículo 3 de la Resolución 5770/2025 delega en la DGA la puesta en marcha de un «plan piloto». No obstante, SUPARA critica que un cambio de semejante magnitud no haya sido precedido por una etapa de prueba que considerara la infraestructura tecnológica, los recursos humanos y la seguridad jurídica y laboral.

Impacto directo en trabajadores y la seguridad jurídica

La organización gremial afirma que esta «laxitud» no solo disminuye los estándares de seguridad, sino que impacta directamente en las tareas que realizan los trabajadores aduaneros en la «última línea de control» en fronteras, puertos y aeropuertos.

Según SUPARA, la Resolución 5770/25 se suma a un conjunto de medidas que persiguen un único objetivo: debilitar los controles aduaneros. Entre ellas, mencionan las modificaciones en el registro de importadores y exportadores, el rol de los despachantes de aduana (DNU 70/2023) y la implementación de un Plan de Retiros Anticipados que provocó la salida de personal «experimentado y altamente calificado».

Advertencia sobre «intereses particulares» y viejos modelos

El gremio calificó de «preocupante» la postura del ministro de Desregulación, Federico Sturzzenegger quien definió el mecanismo como un «cambio copernicano». SUPARA considera que la visión de que solo «con una jaula y cámaras» se puede autodespachar el comercio exterior denota «profunda ignorancia» sobre el control aduanero o que «subyacen intereses particulares» ajenos a los de la Nación.

La decisión de debilitar los controles, advierte el sindicato, crea un «terreno fértil para las organizaciones delictivas» y las mafias del contrabando, las cuales encuentran «vía libre para operar con total impunidad» cuando los ojos del Estado están cerrados.

Finalmente, SUPARA traza un paralelismo histórico, alertando que este esquema «reedita los modelos de los años 70 y 90» que resultaron en el cierre masivo de empresas, desempleo y una profunda crisis social, además de ser el escenario para el tráfico de armas, el crecimiento del narcotráfico y el ingreso de residuos peligrosos.

En respuesta a este «plan sistemático», SUPARA anunció que denunciará la situación ante el Honorable Congreso de la Nación y las Cámaras e industrias vinculadas al Comercio Internacional, además de reservarse el derecho a iniciar acciones judiciales.