BRASILIA.- El diputado de la oposición Leandro Grass registró de forma oficial en la cámara baja, una petición para que se inicie un juicio político para apartar del cargo a Jair Bolsonaro, por cinco episodios que constituyen un delito de responsabilidad el presidente de Brasil.
En su opinión, los cinco episodios “permiten que se acepte la denuncia y que se abra un proceso de impedimento”.
En la misma jornada, el parlamentario Alexandre Frota decidió posponer una solicitud similar en la Cámara Baja.
“Debido al proceso del coronavirus, en el que el país se moviliza en torno al tema exclusivamente y la Cámara de Diputados tiene su capacidad reducida, pensé que era bueno posponer el protocolo de entrega de la impugnación”, aseveró Frota en un comunicado.
No obstante, Frota aseguró que presentará la solicitud (sin precisar la fecha) basada en al artículo 85 de la Constitución Federal, el cual establece que son delitos de responsabilidad los actos del presidente de la República que violen la Constitución.
Entre los hechos denunciados por los diputados, el más reciente, ocurrió el 9 de este mes, cuando Bolsonaro aseguró que hubo fraude en las elecciones de 2018 porque él debería haber ganado en la primera vuelta, una afirmación que hizo sin ningún sustento a la justicia electoral.
Asimismo, se cita el apoyo a las manifestaciones del 15 de marzo organizadas por simpatizantes de Bolsonaro en apoyo al Gobierno y contra el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo, que oficializó en un video el 7 de marzo en que dijo: “Entonces, participen”. Posteriormente, Bolsonaro negó haber incentivado a esas protestas.
También el diputado del partido opositor Red de Sustentabilidad (REDE) incorpora en su demanda los ataques del presidente de Brasil contra la periodista Patricia Campos Mello, del diario Folha de Sao Paulo, al insinuar que quería favores sexuales a cambio de exclusivas.
Por último, Grass coloca en el pedido la orden dada por Bolsonaro a las Fuerzas Armadas para que el 31 de marzo se conmemore un aniversario más del golpe militar de 1964.
Grass reconoce que hay muchos más hechos que podrían configurar un delito de responsabilidad, pero que se limitó a esos para facilitar la comprensión de la denuncia.
Entre esos hechos, el diputado menciona los “vínculos de la familia del presidente con milicias parapoliciales que dominan amplias regiones a través de la extorsión en el estado de Río de Janeiro”.
También hace mención al hecho de que el pasado fin de semana compareció a una manifestación en favor del Gobierno y tuvo contacto físico con varios manifestantes a los que saludo, algo considerado sumamente irresponsable por varios especialistas porque el presidente podría tener el nuevo COVID-19 e incumplió por segunda vez la cuarentena.
Una ves presenta la petición, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, debe decidir su procede o no llevarlo a votación.
En caso de que prospere, se crearía una comisión especial para tratar el caso, que elaboraría un informe que tiene que ser aprobado por mayoría absoluta en la cámara el en Senado; solo entonces empezaría formalmente el proceso de destitución.
