BOGOTÁ.- El presidente Iván Duque anunció una batería de iniciativas sociales para una conflictiva zona del suroeste de Colombia donde, en la última semana, fueron asesinadas al menos 16 de personas, en su mayoría indígenas, mientras organizaciones no gubernamentales exigen más garantías.

Ante el recrudecimiento de la violencia en contra de las comunidades indígenas en esa zona, que dejó un saldo de 16 asesinatos, Duque presentó algunas estrategias con las que según él, planea enfrentar las bandas de narcotráfico y disidencias que estarían detrás de los desplazamientos forzados y asesinatos de pueblos originarios.

Asimismo, el presidente dio a conocer algunas medidas de impacto social para la región y que estarán a cargo del Departamento de Prosperidad Social, el Departamento Nacional de Planeación y la Consejería para la Estabilización y Consolidación.

“El narcotráfico se enfrenta, obviamente, con seguridad y justicia, pero también se enfrenta llegando a los territorios con iniciativas sociales, con alternativas productivas y, por eso, nosotros seguiremos adelante”, enfatizó el mandatario.

Con las iniciativas se prevé que 9.000 jóvenes de esa región colombiana tengan acceso a educación y a poner en marcha 300 emprendimientos, lo que se suma a programas productivos y de seguridad alimentaria para 3.100 habitantes. De igual, forma, el gobierno aseguró que trabajará con más de 3.400 personas desplazadas para que se retornen a sus terrenos y desarrollará iniciativas en 26 resguardos indígenas.

De igual manera, el mandatario colombiano ordenó el despliegue de 2.500 militares de una fuerza élite para combatir a los disidentes de la disuelta guerrilla de las Farc y otros grupos que buscan hacerse del control de zonas estratégicas para la siembra de ilícitos.

Duque llegó a la zona acompañado por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, uno de los funcionarios más criticados del gabinete y quien ha sido citado al Senado para afrontar una nueva moción de censura por su falta de resultados e “incompetencia” en el cargo.

No obstante, la orden de militarización del Cauca fue cuestionada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que abogan por una estrategia “integral”.

En las últimas horas, el monseñor Darío Monsalve, obispo de la ciudad de Cali, habló con las personas de la región sobre lo que está ocurriendo en esa zona y que tiene al Cauca en medio de sangre y fuego.

“El ambiente que se percibe es altamente tenso y con un dolor enorme, una desconfianza fuerte de las comunidades por la amenaza de una caravana de muerte que pasa a sus anchas y el contraste con una militarización grande de la zona”, señaló el religioso.

El obispo de Cali aseguró a la prensa local que las comunidades indígenas tienen la percepción que de las mafias de la zona son manejadas por la Policía, ante la omisión evidente de las múltiples denuncias de violencia.