BOGOTÁ.— La Procuraduría de Colombia abrió actuaciones disciplinarias por irregularidades en la aprobación y ejecución de recursos destinados a proyectos el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC.
«El Ministerio Público adelanta 24 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de los proyectos con recursos del Sistema General de Regalías [SGR] viabilizados, priorizados y avalados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión [OCAD]-Paz», anunció en un comunicado.
Según el ente de control, se llevan a cabo pruebas para verificar si hubo conductas irregulares de los funcionarios y la afectación del uso de los recursos del SGR en proyectos, por cerca de $250.000 millones (57.000 dólares), ubicados en municipios priorizados para el posconflicto (PDET) en Amazonas; Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
El Grupo Especial de Seguimiento al SGR de la Procuraduría priorizó el análisis de 27 proyectos de inversión aprobados por el OCAD-Paz, por más de $437.000 millones [108.000 dólares], y observó riesgos y presuntas irregularidades en la ejecución de estas iniciativas que dieron lugar a abrir 10 indagaciones previas y dos investigaciones disciplinarias», informó.
Por otra parte, la Procuraduría avanza en 12 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en el manejo de estos recursos y en la ejecución de proyectos del OCAD-Paz por parte de funcionarios del Fondo Colombia en Paz, el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia de Renovación del Territorio; el ministerio de Educación, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, las gobernaciones de Cauca y Caquetá, y de las administraciones municipales de Fonseca y Urumita en La Guajira.
El escándalo de los recursos de paz fue revelado por la emisora Blu Radio y asegura que varios funcionarios cobraban un porcentaje del valor de los proyectos para incidir en su trámite.
Las FARC y el Estado colombiano firmaron el acuerdo de paz en 2016 y desde entonces se crearon varios organismos estatales para promover proyectos productivos y la reinserción en la sociedad de los excombatientes.