WASHINGTON.— El Departamento de Estado de los Estados Unidos expresó su preocupación por el retiro oficial de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), considerándolo como «un nuevo alejamiento de la democracia».
La OEA ha sido crítica durante mucho tiempo respecto a las violaciones a los derechos humanos bajo el mandato del presidente nicaragüense Daniel Ortega. Ortega, quien lidera el país junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha rechazado estas críticas desde noviembre de 2021, cuando inició un proceso de dos años para salir de la OEA.
«El retiro del régimen de Ortega/Murillo de la OEA es otro paso que nos aleja de la democracia y aísla aún más a Nicaragua de la comunidad internacional«, señaló en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Mathew Miller.
Hasta el momento, ni el despacho de Ortega ni el gobierno han emitido comentarios sobre este retiro.
La OEA anunció que seguirá vigilando estrechamente la situación relacionada con la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, incluso después de la salida oficial del país del organismo al que había pertenecido desde 1950.
Según una resolución aprobada a principios de mes por el consejo permanente de la OEA, el organismo mantendrá un enfoque especial en la situación de Nicaragua e intentará fomentar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país.
Arturo McFields, quien fue representante de Nicaragua en la OEA hasta que públicamente denunció a Ortega y Murillo en 2022, comentó a principios de mes que la retirada de Nicaragua es un «duro golpe para la defensa de los derechos humanos y la democracia». No obstante, se mostró motivado por la resolución adoptada por la OEA.
El gobierno de Ortega ha intentado sofocar las voces críticas desde las populares protestas callejeras en abril de 2018, cuando estas se convirtieron en un referéndum sobre su mandato. Después de sofocar violentamente las protestas, con un saldo de aproximadamente 355 personas fallecidas y cientos de detenidos, el gobierno ha continuado silenciando las instituciones que percibía como apoyo a los manifestantes.