WASHINGTON.— Estados Unidos emitió nuevas sanciones contra Venezuela, que incluyen restricciones a tres sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro, así como a seis petroleros de crudo y a empresas navieras vinculadas a ellos, en una nueva escalada de presión de Washington sobre Caracas.

La medida se produce mientras Estados Unidos ejecuta un amplio despliegue militar en el sur del Caribe y en momentos en que el presidente estadounidense, Donald Trump, impulsa abiertamente la salida de Maduro del poder. El miércoles, Trump afirmó que Estados Unidos había incautado un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro de EE. UU. informó que impuso sanciones a seis compañías navieras que transportan petróleo venezolano, así como a seis petroleros de crudo que, según indicó, “han participado en prácticas de transporte engañosas e inseguras y continúan proporcionando recursos financieros que alimentan el régimen narco-terrorista corrupto de Maduro”.

Cuatro de los buques sancionados —entre ellos el H. Constance, construido en 2002, y el Lattafa, de 2003— navegan bajo bandera de Panamá. Los otros dos están registrados en las Islas Cook y Hong Kong.

Según documentos internos de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, se trata de superpetroleros que cargaron crudo recientemente en Venezuela.

También fueron sancionados Franqui Flores y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores. Ambos fueron apodados los “narcosobrinos” tras su arresto en Haití en 2015 en una operación encubierta de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA).

En 2016 fueron condenados por intentar concretar una operación de tráfico de cocaína por varios millones de dólares y sentenciados a 18 años de prisión, aunque quedaron en libertad en 2022 tras un canje de prisioneros con Venezuela. Un tercer sobrino, Carlos Erik Malpica Flores, a quien EE. UU. acusa de haber participado en un esquema de corrupción en PDVSA, también fue incluido en las sanciones.

El Ministerio de Comunicación de Venezuela, encargado de atender las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato a un pedido de comentarios.

Maduro y su gobierno han negado enfáticamente cualquier vínculo con actividades criminales y sostienen que Estados Unidos busca un cambio de régimen para apoderarse de las vastas reservas petroleras del país.

“Los imperialistas pensaron que nuestro pueblo iba a flaquear, pero aquí nadie flaqueó ni flaqueará jamás”, dijo Maduro en referencia a sanciones anteriores, durante una visita al barrio Pinto Salinas, en Caracas, donde destacó la producción local de bienes.

David Goldwyn, ex diplomático energético del Departamento de Estado y presidente de la consultora Goldwyn Global Strategies, señaló que las sanciones contra los seis buques podrían sentar las bases para que Estados Unidos intente incautarlos.

“Es una táctica de intimidación muy potente. Sin dudas, cualquier propietario de un buque sancionado pensará dos veces antes de levantar crudo venezolano por temor a perder la embarcación por completo. Y aquellos que no estén sancionados también estarán preocupados por la posibilidad de ser abordados o designados en el futuro”, afirmó Goldwyn.

Francisco Monaldi, del Baker Institute de la Universidad Rice, sostuvo que el impacto de la incautación y de nuevas sanciones dependerá del nivel de aplicación por parte de Estados Unidos.

“Pero, en cualquier caso, ahora los riesgos son mayores para salir de aguas venezolanas, especialmente para la flota en la sombra y los buques sancionados. Eso, como mínimo, forzará mayores descuentos en el precio del petróleo venezolano o condiciones más flexibles por parte de PDVSA para no perder clientes, y también podría afectar los volúmenes de exportación”, explicó Monaldi.

La llamada “flota en la sombra” hace referencia a buques que transportan petróleo sujeto a sanciones. Suelen ser embarcaciones antiguas, con estructuras de propiedad opacas y sin seguros de primer nivel que cumplan con los estándares internacionales exigidos por las grandes petroleras y muchos puertos.

Fuerte escalada de tensiones

La incautación del miércoles fue la primera de un cargamento de petróleo venezolano bajo el régimen de sanciones vigente desde 2019. También fue la primera acción conocida de la administración Trump contra un petrolero vinculado a Venezuela desde que ordenó un importante despliegue militar en la región.

Según fuentes citadas por Reuters, la administración estadounidense planea más incautaciones de petroleros.

La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, publicó en X que el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera, con apoyo del ejército estadounidense, ejecutaron una orden de incautación contra un petrolero utilizado para transportar crudo sancionado desde Venezuela e Irán.

La medida impulsó al alza los precios del petróleo y profundizó de forma abrupta las tensiones entre Washington y Caracas.

Trump ha mencionado en reiteradas ocasiones la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, acusando al país de enviar narcóticos a Estados Unidos.

Estados Unidos ya ha llevado a cabo más de 20 ataques contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, lo que generó preocupación entre legisladores y expertos legales.