WASHINGTON.— El Gobierno de Estados Unidos sancionó al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014) y lo acusó de estar involucrado en «corrupción a gran escala«.
En un comunicado, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció la medida y señaló al exmandatario por haber «recibido sobornos a cambio de contratos indebidamente adjudicados» durante su mandato lo que hace a «Martinelli y a miembros de su familia inmediata inelegibles para entrar a los Estados Unidos«.
The United States is committed to imposing costs on corrupt officials who undermine democracy and the rule of law. Today we announce the designation of former Panamanian President Ricardo Alberto Martinelli Berrocal for his involvement in significant corruption.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 26, 2023
Martinelli es una de las 36 personas que fueron llamadas a juicio en noviembre del año pasado en Panamá por blanqueo en el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, el mayor episodio de corrupción en la historia del país.
Los hijos del expresidente Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique, fueron excarcelados el 24 de enero después de haber cumplido una condena en Estados Unidos por participar «en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht» por un total de 28 millones de dólares.
La prensa panameña habían especulado que los hermanos Martinelli llegarían a Panamá este miércoles. Junto con su padre, deben ahora rendir cuentas ante la justicia panameña en las audiencias por el caso Odebrecht.
La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 – luego que la empresa confesó en EE. UU. que había pagado millones en sobornos en una docena de países – y culminó en octubre de 2018.
En julio de 2017, Odebrecht firmó con la Fiscalía panameña un acuerdo para pagar en 12 años una multa de 220 millones de dólares al Estado, el cual no se está cumpliendo.
Además de los casos en Panamá por presunto blanqueo, el exmandatario es investigado en España por un caso de presunta corrupción por sobornos que la constructora española FCC confesó haber pagado en Panamá, y por otro por supuesto espionaje a una mujer en Mallorca.
