SAN SALVADOR.— El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso este domingo enviar a Venezuela a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos y actualmente encarcelados en su país, a cambio de que el gobierno de Nicolás Maduro libere a «presos políticos».

A través de un mensaje en X, Bukele pidió que el presidente venezolano entregue a 252 «de los presos políticos que está reteniendo», como parte del acuerdo propuesto. El mandatario salvadoreño no aclaró si las personas liberadas en el intercambio serían posteriormente encarceladas.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, criticó la propuesta y acusó a El Salvador de detener ilegalmente a los 252 venezolanos. En un comunicado, Saab exigió saber de qué delitos se les acusa, si han comparecido ante un juez, si tienen acceso a defensa legal y si han podido comunicarse con sus familiares.

Entre los nombres mencionados por Bukele para ser liberados en Venezuela figuran el periodista Roland Carreño, la abogada de derechos humanos Rocío San Miguel y Corina Parisca de Machado, madre de la dirigente opositora María Corina Machado, quien —según Bukele— recibe amenazas a diario en su domicilio. También incluyó en la propuesta a casi 50 detenidos de otras nacionalidades, entre ellos ciudadanos estadounidenses, alemanes y franceses.

El enviado especial de EE. UU. para la respuesta ante rehenes, Adam Boehler, elogió la propuesta en X, y reveló que entre los 50 detenidos mencionados hay 10 ciudadanos estadounidenses.

Bukele afirmó que su Ministerio de Relaciones Exteriores presentará formalmente la propuesta al gobierno venezolano por canales diplomáticos.

El mes pasado, la administración del presidente Donald Trump deportó al menos a 200 venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador, alegando que eran miembros de la banda criminal Tren de Aragua. EE. UU. paga a El Salvador 6 millones de dólares para que los mantenga recluidos en su centro de alta seguridad conocido como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

El gobierno venezolano sostiene que no tiene presos políticos y que las personas encarceladas han sido condenadas por delitos. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales, abogados y familiares de los deportados niegan que estos tengan vínculos con grupos criminales.

Saab describió la prisión CECOT como «ya no un centro de tortura… sino un lugar de desaparición forzada de venezolanos inocentes». Además, anunció que solicitará formalmente la lista completa de los detenidos, su estatus legal y sus informes médicos, y pidió a organismos internacionales que exijan su liberación inmediata.

El sábado, la Corte Suprema de EE. UU. bloqueó temporalmente la deportación de otro grupo de migrantes venezolanos acusados de tener vínculos con pandillas, en virtud de una ley de tiempos de guerra raramente utilizada. La medida se produjo luego de un pedido urgente presentado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

El gobierno de Trump instó a la Corte Suprema a rechazar el pedido de la ACLU mientras continúan evaluando el caso. Funcionarios de la Casa Blanca afirmaron que el presidente sigue comprometido con su política migratoria restrictiva, aunque no indicaron que desafiarán el fallo judicial.