LA PAZ.— Enfrentamientos entre seguidores del presidente Luis Arce y el líder indígena Evo Morales se registraron el domingo cerca de La Paz, con un saldo de ocho heridos, a lo que el mandatario advirtió que «no permitirá» una «guerra civil» en Bolivia.
Una caminata de Morales, quien gobernó el país andino entre 2006 y 2019, y unos 10.000 de sus simpatizantes comenzó el pasado martes, desde el poblado de Caracollo, 190 km sur de La Paz, y avanza hacia la sede de gobierno.
Está por llegar el lunes a La Paz, según el propio exmandatario, en medio de violentos choques entre seguidores de ambos políticos, con el reclamo de la crisis económica que se manifiesta en la falta de dólares y combustibles.
«Una guerra civil, como dice uno de tus operadores (políticos), es precisamente lo que quisieran los enemigos internos y externos de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia (…) No lo permitiremos», señaló Arce en un mensaje de televisión, junto a su vicepresidente David Choquehuanca, sin revelar el nombre del colaborador de Morales.
«Para que haya una guerra civil se necesitan al menos dos frentes antagónicos y ese es un gusto que no te daremos, nuestra apuesta es por la paz», indicó.
Arce y Morales están enfrentados por la candidatura presidencial oficialista para las elecciones de agosto de 2025, aunque sólo el líder cocalero anticipó que quiere postularse.
Con piedras, palos y petardos, los seguidores de Arce y Morales han chocado en dos oportunidades a lo largo de la caminata.
El primer enfrentamiento se registró el miércoles pasado en la localidad de Vila Vila, a poco de comenzar la marcha y dejó 26 heridos, según un informe del Ministerio de Salud.
El segundo y más reciente se registró este domingo en la zona de Ventilla, en las afueras de la ciudad de El Alto, un paso obligado de la marcha hacia La Paz. Se contabilizaron ocho heridos.
«Esta movilización no tiene como fin una reivindicación social, su objetivo primordial es interrumpir el actual mandato constitucional», afirmó la canciller Celinda Sosa en misivas enviadas a Naciones Unidas, al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La interrupción del gobierno de Arce, alegó, sería «a través del adelanto de elecciones nacionales y que se viabilice una nueva candidatura del Sr. Morales, a pesar de que la Constitución Política del Estado no lo permite».
El gobierno señala que la Constitución prevé la reelección inmediata o consecutiva por una sola vez, lo que impediría a Morales volver a postularse, aunque éste insiste que está permitida, cuando se produce después de transcurrir al menos un periodo presidencial.
Agentes policiales cercaron los accesos a la plaza de armas de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, ante la inminente llegada de la marcha.
Morales denunció que la administración de Arce pretende frenar su caminata por la fuerza. «Si hay algún herido o muerto es de responsabilidad del gobierno», denunció.
Incluso, aseguró haber sido advertido de que su vida corría peligro y que, por lo tanto, algunos policías y militares amigos, a quienes no identificó, le «hicieron llegar chalecos antibalas».
Entre las tensiones, la Defensoría del Pueblo (ombudsman) gestiona un diálogo entre Arce y Morales, hasta ahora sólo aceptado por el presidente.
Morales se mostró de acuerdo con el diálogo, aunque pidió a Arce que sea donde está la marcha, que es «pacífica», insistió.
