LA PAZ, — Bolivia enfrenta dos arbitrajes internacionales que suman US$171 millones tras la transferencia, en 2023, de los fondos de pensiones a la Gestora Pública, un proceso que dejó al país en una posición jurídica delicada y que, según el presidente Rodrigo Paz, podría derivar en derrotas inminentes debido a años de mala gestión y descuido institucional.
Los reclamos fueron iniciados por Previsión AFP —filial de BBVA— y Futuro de Bolivia —del Grupo Zurich—, que abandonaron la administración privada del sistema previsional tras la reforma implementada en mayo de 2023 bajo el gobierno de Luis Arce.
Ambas compañías exigen compensaciones económicas derivadas del traspaso de los recursos previsionales a la Gestora Pública de Seguridad Social.
Paz advirtió que el país está “a punto de perder” los dos procesos arbitrales, con montos en disputa de US$94 millones en el caso de Previsión AFP y US$77 millones en el de Futuro de Bolivia.
Sostuvo que las deficiencias en la ejecución del traspaso y la falta de fortalecimiento institucional agravaron la posición boliviana ante los tribunales internacionales.
La reforma previsional de 2023, que desplazó a las AFP privadas del sistema, abrió un camino de controversias legales en un momento en que el país enfrenta presión fiscal y necesita dar señales de seguridad jurídica para atraer inversiones.
Actualmente, el sistema previsional boliviano administra cerca de US$23.500 millones, de los cuales más del 95% está invertido en títulos financieros y en instrumentos del Estado, según cifras oficiales.
Bolivia se mantiene entre los países de la región con mayor cantidad de procesos arbitrales en materia de inversión en la última década, un factor que aumenta la sensibilidad sobre la disputa actual.
