BRUSELAS.- La Unión Europea (UE) canceló un proceso ante su Tribunal de Justicia el cual pretendía multar a España por retrasar la aprobación de la ley hipotecaria. La pena iba a ser de 80 millones de euros.

Fue en el año 2016 cuando Bruselas comenzó a manifestar su descontento porque este país incumplía la norma europea al respecto, sin embargo no tomó medidas legales. Más tarde, ya en el transcurso del 2017, el Bloque decidió judicializar la queja.

Ese año, las autoridades llevaron el caso ante el Tribunal de Justicia y justificaron su denunciar al afirmar que la directiva sobre créditos hipotecarios debería haberse aplicada como tarde el 21 de marzo del año anterior.

El organismo cifró la multa sin embargo desde Madrid la consideraron desproporcionada; además explicaron que, a su criterio, la Comisión Europea (CE) «valoró erróneamente el coeficiente de gravedad» así como también las consecuencias de no haber transpuesto la directiva. Las autoridades españolas se defendieron además al sostener que en el ordenamiento jurídico nacional existían medidas que regulaban algunos aspectos de la normativa europea.

Ahora, la CE decidió remitirse al Tribunal y explicarle que España, finalmente, aplicó la directiva y por ello daban por cerrado el caso. El pasado 16 de junio esta afirmación se oficializó ya que entró en vigor la nueva ley hipotecaria.