LIMA.— La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió al Congreso que tome «medidas drásticas» contra el presidente Pedro Castillo tras la publicación de la transcripción de un audio en el que un empresario vincula al entorno más cercano al gobernante con actos de corrupción.
«Creo que es gravísima la información que se ha dado a conocer«, declaró Fujimori a la prensa local antes de señalar que espera «que haya una investigación a profundidad» de esa denuncia, porque «cada vez hay más evidencia que involucra al círculo más cercano al presidente«.
La líder de la oposición consideró que estas denuncias son «una oportunidad» para que los grupos políticos que rechazaron la destitución de Castillo -planteada ya en dos ocasiones por la oposición política en el Congreso- tomen «medidas drásticas».
«Creo que ha llegado ese momento», remarcó antes de reiterar que ella ha señalado que Castillo «debería renunciar» y que si eso no sucede, el Congreso «también tiene los mecanismos constitucionales para tomar decisiones» y destituirlo.
El 3 de junio, medios locales difundieron una transcripción en la que el empresario Zamir Villaverde, quien está preso mientras se le investiga por corrupción, presuntamente le ofrece un soborno al exministro de Transportes Juan Silva para obtener la licitación para la construcción de un puente.
Villaverde, quien pidió ser colaborador de la investigación fiscal en este caso, ha implicado a Castillo en una presunta trama corrupta en el actual Ejecutivo, aunque sin haber presentado hasta el momento pruebas de sus afirmaciones.
Castillo es investigado de manera preliminar por varias denuncias y el fiscal general, Pablo Sánchez, ordenó el 29 de mayo ampliar esas pesquisas por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
Por su parte, el abogado del mandatario, Benji Espinoza, pidió el 31 de mayo que se declare la «nulidad absoluta» de esa investigación y anunció que -si su solicitud no es aceptada- planteará una «tutela de derechos»; ya que considera que el gobernante goza de inmunidad absoluta mientras esté en el cargo.
