LATAM.- Una de cada cinco personas ha sufrido extorsión sexual en América Latina y el Caribe, según la organización Transparencia Internacional, que subrayó que la corrupción avanza y vulnera los derechos de los ciudadanos ante unas autoridades impasibles y poco eficaces.
El Barómetro de la Corrupción, un informe anual realizado a través de entrevistas realizadas con 17.000 ciudadanos de 18 países de América Latina y el Caribe, pone de manifestó que “más de la mitad” de los ciudadanos cree que la corrupción empeora en sus países.
Asimismo, consideran que los gobiernos “hacen un mal trabajo” para combatirla y pecan de falta de integridad y de laxismo.
El informe destaca que el 91% de los venezolanos, por ejemplo, “sostiene que su gobierno está fracasado en la lucha contra la corrupción”, al igual que el 79% de los panameños y el 72% de los dominicanos.
Como novedad, el documento de Transparencia Internacional quiso este año explorar la vertiente de género en la corrupción y concluyó que muchas mujeres se ven obligadas a prestar favores sexuales para poder acceder a servicios públicos como la atención médica y la educación.
Según el estudio, uno de cada cinco ciudadanos ha sufrido extorsión sexual o conoce a alguien que haya pasado por esa situación, y el 71% de los encuestados afirmó que se trata de un fenómeno que ocurre, al menos de forma ocasional. Esto equivale a aproximadamente 56 millones de ciudadanos en los 18 países sondeados.
Los países con mayor proporción de casos reportados fueron Barbados con 30% y Guatemala con 23%.
Sobornos y compra de votos
En total, un 85% de la población de América Latina y el Caribe califica la corrupción como un “gran problema”, mientras que solo el 13% la ve como un problema menor.
“La ciudadanía tiene derecho a denunciar la corrupción y esperar que los políticos actúen de manera íntegra”, señaló Patricia Moreira, directora general de TI.
La lista la encabeza Venezuela, en donde un 50% de los cuestionados aseguró haber pagado algún soborno, le sigue México con un 34%, Perú con 30%, Honduras 28%, Guayana 27%, Guatemala 25%, República Dominicana 23% y Colombia con 20%, entre otros.
Las malas prácticas están además estrechamente ligadas con las elecciones, según se desprende de la encuesta. Un 65% piensa que sus representantes están incluidos por “intereses privados” y un 25% asegura que se le ha ofrecido dinero a cambio del voto.
