SAN SALVADOR.— La ONG Human Rights Watch (HRW) dijo que la filtración de una base de datos del Gobierno de Nayib Bukele «permite corroborar graves violaciones de derechos humanos» en el contexto de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
«Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción«, afirmó Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de HRW, en un comunicado.
Y agregó que «los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados».
Asimismo, según Taraciuk, apunta a que las autoridades «han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas».
De acuerdo con la organización, esta base de datos «respalda hallazgos sobre violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muerte de personas bajo custodia en El Salvador».
El organismo también sostuvo que los datos -que supuestamente pertenecen al Ministerio de Seguridad- apoyan los señalamientos hechos junto a la organización Cristosal en un informe sobre violaciones a derechos humanos.
«Para evaluar su autenticidad, Human Rights Watch comparó los nombres de la base de datos con otras fuentes, incluidos casos documentados por organizaciones locales o reportados en los medios de comunicación, e identificó más de 300 coincidencias», aseguró la fuente.
HRW destacó que el documento da cuenta de la detención, al menos hasta agosto, de 918 niños y 164 niñas que «habían sido enviados a detención provisional». También, que más de 39.000 personas habían sido acusadas del delito de «agrupaciones ilícitas» y más de 8.000 de pertenecer a una «organización terrorista», mientras que «muchas menos personas habían sido acusadas de delitos violentos».
A finales de marzo de 2022, el Congreso aprobó el régimen de excepción a petición del Gobierno de Nayib Bukele tras una escalada de asesinatos atribuidos a las pandillas. La medida se ha ampliado en 10 ocasiones.
De acuerdo con el Gobierno, son más de 61.300 supuestos pandilleros detenidos, pero se han liberado a más de 3.300 personas por orden de la Fiscalía y los tribunales, aunque «en muchos casos» bajo la medida de libertad condicional, según HRW.
