SAN SALVADOR.— Human Rights Watch (HRW) denunció este martes que casi 3.000 menores están detenidos en El Salvador bajo un régimen de excepción vigente desde 2022. HRW reportó «malos tratos», «detenciones indiscriminadas» y casos de tortura.
En su informe «Su hijo no existe aquí», HRW documentó violaciones de derechos humanos bajo normas extraordinarias para combatir a las pandillas. Desde 2022, más de 80.000 personas han sido detenidas, incluidos casi 3.000 menores. Más de 1.000 niños han sido condenados a penas de dos a 12 años por cargos amplios basados en testimonios policiales no corroborados.
Juanita Goebertus, directora de las Américas de HRW, señaló que niños y adolescentes de comunidades vulnerables han sufrido graves violaciones de derechos humanos por las detenciones indiscriminadas del gobierno de Nayib Bukele. HRW instó al gobierno a implementar una política de seguridad que respete los derechos humanos y proteja a los niños.
En marzo de 2022, Bukele lanzó una «guerra» contra las pandillas bajo el régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial. Un caso documentado por HRW es el de un estudiante de 16 años detenido en 2022, quien fue torturado y condenado a seis años de prisión basado en un testimonio anónimo. HRW reportó que muchos menores fueron forzados a confesar falsamente mediante malos tratos o tortura.
La oenegé salvadoreña Cristosal informó que 176 niños quedaron huérfanos y 261 adultos murieron bajo custodia estatal entre 2022 y 2024. Bukele defiende el régimen de excepción y niega las críticas de grupos humanitarios, mientras su comisionado de derechos humanos, Andrés Guzmán, niega casos de tortura. Pese a las críticas, Bukele es el mandatario más popular de América Latina y fue reelegido con el 85% de los votos en febrero.
HRW recomendó establecer un mecanismo para revisar casos de detenidos sin evidencia creíble y liberarlos. Propuso priorizar la revisión de casos de menores presos, personas con discapacidad, problemas de salud y mujeres embarazadas. En casos de menores identificados como miembros de pandillas, los jueces deberían considerar factores atenuantes y promover la rehabilitación y reintegración de los menores.
HRW pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicar un informe sobre las violaciones de derechos humanos en El Salvador y solicitar permiso para visitar las prisiones.