El número de ejecuciones por ahorcamiento aumentó un 43% en comparación con el año anterior. Este hecho marca la segunda vez en dos décadas que las ejecuciones superaron las 800, siendo la última en 2015 con 972 ejecuciones.
Las organizaciones, Iran Human Rights (IHR) y Juntos Contra la Pena de Muerte (ECPM), acusan a Irán de utilizar la pena de muerte para infundir miedo en la sociedad, especialmente después de las protestas provocadas por la muerte de Mahsa Amini en 2022 bajo custodia policial.
El informe destaca la ejecución de nueve hombres por ataques a las fuerzas de seguridad durante las protestas, con dos en 2022, seis en 2023 y uno en 2024 hasta ahora. Las ejecuciones también aumentaron en casos de drogas, alcanzando 471 en 2023, más de 18 veces la cifra de 2020. Los baluchíes sunitas del sudeste de Irán, una minoría étnica, representan un 20% del total de ejecuciones en 2023, a pesar de constituir solo el 5% de la población.
El director de ECPM, Raphael Chenuil-Hazan, critica la «falta de reacción» de la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito (UNODC), considerándola una señal equivocada para las autoridades iraníes. Además, el informe revela que los ahorcamientos en lugares públicos se triplicaron en 2023, con siete ejecuciones, y que al menos 22 mujeres fueron ejecutadas, la cifra más alta en la última década.
El director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, expresa su preocupación por la falta de respuesta internacional ante las ejecuciones, considerándola una señal errónea que alienta a la República Islámica a realizar más ahorcamientos.
