QUITO.— La Asamblea Nacional de Ecuador no logró conseguir los 92 votos necesarios para destituir al presidente Guillermo Lasso, pedido realizado por la bancada de Unión por la Esperanza.
«Tenemos la siguiente votación: 80 votos afirmativos, 48 negativos, 9 abstenciones«, dijo el secretario de la Asamblea, Álvaro Salazar, al leer los resultados de la sesión, en la que estuvieron presentes los 137 legisladores que tiene la Asamblea Nacional de Ecuador.
Esos resultados definitivos se dieron luego de un pedido de reconsideración planteado por el asambleísta Fernando Flores, del bloque legislativo oficialista a la primera votación; luego de que 3 asambleístas de esa agrupación y una de la Izquierda Democrática, denunciaron que votaron en contra de la destitución de Lasso, pero su voto se consignó como que hubiese sido a favor. La sesión del 28 de junio terminó luego de más de 8 horas.
Defendimos la democracia y ahora debemos recuperar la paz. Pese a los intentos golpistas, hoy prevaleció la institucionalidad del país. Queda en evidencia quiénes trabajan para las mafias políticas. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando por el Ecuador.
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 29, 2022
Durante tres días, la legislatura debatió el pedido de la asambleísta Patricia Núñez, del bloque legislativo de Rafael Correa, para activar el artículo 130, numeral 2 de la Constitución para destituir al presidente, por grave crisis política y conmoción interna.
El mecanismo constitucional para remover al presidente de la República, no podría ser activado nuevamente por la legislatura mientras dure el Gobierno de Lasso, que termina en 2025.
La bancada de UNES, partido del expresidente Rafael Correa en el Parlamento, presentó el 25 de junio una moción para la destitución de Lasso como jefe de Estado, aludiendo que lo hacía comprendiendo “el reclamo generalizado de la población” exigiendo la convocatoria de elecciones.
Si la moción hubiese sido aprobada, el vicepresidente de Ecuador, Alfredo Borrero, habría asumido la Presidencia temporalmente para anunciar en un plazo máximo de siete días la convocatoria de elecciones anticipadas, tanto legislativas como presidenciales.