WASHINGTON.— La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, congeló el miércoles 26.000 millones de dólares destinados a estados de tendencia demócrata, cumpliendo su amenaza de usar el cierre del gobierno para golpear las prioridades demócratas.

Los programas afectados incluyen 18.000 millones para proyectos de transporte en Nueva York, hogar de los dos principales demócratas del Congreso, y 8.000 millones para proyectos de energía verde en 16 estados gobernados por demócratas, incluidos California e Illinois.

El vicepresidente JD Vance advirtió, además, que la administración podría ampliar su purga de trabajadores federales si el cierre se prolonga más de unos días.

Las medidas dejaron claro que Trump cumplirá su amenaza de aprovechar el cierre para castigar a sus rivales políticos y extender su control sobre el presupuesto federal de 7 billones de dólares, que la Constitución asigna como competencia del Congreso.
“Se pueden ahorrar miles de millones de dólares”, escribió en Truth Social el miércoles por la noche.

El actual cierre del gobierno, el número 15 desde 1981, suspendió investigaciones científicas, supervisión financiera, tareas de limpieza ambiental y una amplia gama de otras actividades.

Unos 750.000 empleados federales fueron enviados a sus casas sin trabajar, mientras que otros —como soldados y agentes de la Patrulla Fronteriza— debieron seguir en funciones sin salario. El Departamento de Asuntos de Veteranos informó que continuará ofreciendo entierros en cementerios nacionales, pero no colocará lápidas ni cortará el césped.

Vance señaló en una rueda de prensa en la Casa Blanca que el gobierno se vería obligado a recurrir a despidos si el cierre dura más de unos días, lo que se sumaría a los 300.000 previstos para diciembre. Los cierres anteriores nunca habían derivado en despidos permanentes.

La Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. indicó que despediría al 1% de sus 14.000 empleados, según una carta interna vista por Reuters.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo que la congelación de fondos para proyectos de metro y puerto en su estado, Nueva York, dejará a miles de personas sin trabajo.

El principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, también de Nueva York, acusó a Trump de usar a los ciudadanos como rehenes políticos.
“Está usando al pueblo estadounidense como peones, amenazando con infligir dolor al país como forma de chantaje”, denunció.

El senador republicano Thom Tillis expresó preocupación por la congelación de fondos de infraestructura en Nueva York, al advertir que podría dificultar la salida del cierre.
“Deben ser muy cuidadosos con eso, porque pueden crear un ambiente tóxico aquí. Espero que estén trabajando con los líderes para no complicar aún más la salida de esta situación”, dijo.

Por su parte, el líder republicano en el Senado, John Thune, desestimó las críticas de que se tratara de un secuestro presupuestario.
“Bueno, voten para reabrir el gobierno y ese problema desaparece, ¿no? Es bastante simple”, señaló en una conferencia de prensa.

Jeffries aseguró que no ha tenido contacto con la Casa Blanca desde la reunión con Trump a comienzos de semana.
“No hemos sabido nada desde la reunión del lunes”, dijo en una entrevista con CNN. “Claramente, ellos querían cerrar el gobierno”.

Mientras tanto, el Senado volvió a rechazar los intentos de mantener al gobierno en funciones, tanto la propuesta republicana de financiarlo hasta el 21 de noviembre como la demócrata que agregaba beneficios de salud adicionales.

Los republicanos cuentan con 53 escaños frente a 47 de los demócratas, pero necesitan al menos siete votos demócratas para alcanzar el umbral de 60 votos requerido para aprobar proyectos de gasto.

El debate gira en torno a 1,7 billones de dólares para operaciones de agencias federales, aproximadamente una cuarta parte del gasto anual. El resto se destina a programas de salud, jubilación y al pago de intereses sobre la deuda pública de 37,5 billones de dólares.

Un grupo bipartidista de senadores se reunió en el pleno para buscar un camino de salida.
“Quiero ver que un acuerdo sea un acuerdo, y me gustaría que los republicanos se comprometan a trabajar con nosotros en salud”, dijo el senador demócrata de Virginia Tim Kaine, que representa a muchos trabajadores federales del área de Washington. “Pero nunca he dicho que todo tenga que estar atado y cerrado, porque eso podría complicarse”.

Los demócratas también exigen garantías de que Trump no ignorará las leyes de gasto que firme, como lo ha hecho en repetidas ocasiones desde su regreso a la Casa Blanca.

Ambos partidos se culpan mutuamente del cierre, buscando ventajas de cara a las elecciones legislativas de 2026, que definirán el control del Congreso.

Los demócratas acusan a los republicanos de ser responsables de la crisis por tener el control del poder en Washington. Los republicanos responden que los demócratas se dejan arrastrar por presiones partidarias para oponerse a Trump, pese a que en el pasado han apoyado proyectos de gasto similares. También repitieron la falsa afirmación de que la propuesta demócrata extendería la cobertura de salud a inmigrantes indocumentados.

La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) aclaró que el plan demócrata solo restituiría cobertura a ciertos inmigrantes legales, como solicitantes de asilo y personas con visas de trabajo.

Varias agencias federales publicaron avisos en sus sitios web culpando a la “izquierda radical” del cierre, lo que podría constituir una violación de la Ley Hatch, que prohíbe la politización de los servicios gubernamentales básicos.

El cierre más largo en EE.UU., que se extendió 35 días entre 2018 y 2019 durante el primer mandato de Trump, terminó en parte tras los retrasos de vuelos provocados porque controladores aéreos comenzaron a reportarse enfermos.