WASHINGTON.— La Casa Blanca defendió este lunes la decisión de un almirante estadounidense de realizar varios ataques contra una presunta embarcación venezolana dedicada al narcotráfico en septiembre, afirmando que contaba con la autorización del secretario de Defensa, Pete Hegseth, incluso cuando críticos cuestionan la legalidad de haber atacado a sobrevivientes.

The Washington Post había informado que se ordenó un segundo ataque para matar a dos sobrevivientes del primer bombardeo y cumplir una orden de Hegseth de que “todos debían morir”.

El presidente Donald Trump dijo el domingo que él no habría querido un segundo ataque y afirmó que Hegseth negó haber emitido tal orden.

Pero la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este lunes que Hegseth sí autorizó al almirante Frank Bradley a llevar a cabo los ataques del 2 de septiembre.

“El secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley a ejecutar estos ataques cinéticos. El almirante Bradley actuó completamente dentro de su autoridad y de la ley, asegurando que la embarcación fuera destruida y que la amenaza para los Estados Unidos quedara eliminada”, dijo Leavitt.

Leavitt sostuvo que el ataque se realizó en “autodefensa” para proteger intereses estadounidenses, tuvo lugar en aguas internacionales y cumplió con el derecho de los conflictos armados. “Esta administración ha designado a estos narco-terroristas como organizaciones terroristas extranjeras”, agregó.

Desde septiembre, el Ejército estadounidense ha ejecutado al menos 19 ataques contra embarcaciones sospechadas de narcotráfico en el Caribe y frente a las costas del Pacífico de América Latina, que dejaron al menos 76 muertos.

Críticos han puesto en duda la legalidad de los operativos, y legisladores republicanos y demócratas prometieron investigarlos. El derecho internacional humanitario prohíbe atacar a combatientes incapacitados, y el Manual de Ley de Guerra del Pentágono establece que las personas náufragas no pueden ser atacadas y deben recibir atención médica, salvo que actúen con hostilidad o intenten escapar.

Laura Dickinson, profesora de derecho en la Universidad George Washington, señaló que la mayoría de los expertos legales no considera que los ataques califican como “conflicto armado”, por lo que el uso letal de la fuerza solo se permitiría como último recurso.
“Sería asesinato fuera de un conflicto armado”, dijo. Incluso en guerra, matar a sobrevivientes “probablemente sería un crimen de guerra”.

Un grupo de exabogados militares, JAGs Working Group, calificó la orden como “manifiestamente ilegal”, indicó que los militares tienen el deber de desobedecerla y sostuvo que quienes la cumplan deben ser procesados por crímenes de guerra.

En X, Hegseth defendió a Bradley, calificándolo de “héroe estadounidense” y afirmando que le brinda su “apoyo total”. Dijo que respalda sus decisiones de combate “en la misión del 2 de septiembre y en todas las posteriores”.

Trump discutió el lunes con sus principales asesores la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, según un alto funcionario estadounidense. El mandatario ha mencionado la posibilidad de una intervención militar en el país sudamericano. El sábado, declaró que el espacio aéreo sobre Venezuela debía ser considerado “cerrado por completo”, sin aportar más detalles, lo que generó confusión en Caracas.

El domingo, Trump confirmó que había hablado con el presidente venezolano Nicolás Maduro —a quien EE.UU. considera ilegítimo—, pero se negó a dar detalles de la conversación.

El gobierno estadounidense analiza distintas opciones para enfrentar lo que considera el rol de Maduro en el suministro de drogas que han matado a ciudadanos estadounidenses. El mandatario venezolano ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico.

Reuters informó que las opciones bajo evaluación incluyen un intento de derrocar a Maduro, y que el Ejército estadounidense está preparado para una nueva fase de operaciones tras un masivo despliegue militar en el Caribe y casi tres meses de ataques contra embarcaciones sospechosas frente a la costa venezolana. Trump también autorizó operaciones encubiertas de la CIA en el país.