WASHINGTON.— La decisión del gobierno de Donald Trump de abrir una investigación criminal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, provocó este lunes una ola de condenas por parte de ex jefes del banco central y críticas de peso dentro del propio Partido Republicano, luego de que Powell lanzara una inusual y dura respuesta pública al calificar la medida como un “pretexto” para que la Casa Blanca gane influencia sobre las tasas de interés.

La investigación salió a la luz el domingo por la noche, cuando Powell confirmó que la Fed recibió citaciones del Departamento de Justicia de EE.UU.. Según dos fuentes al tanto del caso, la decisión fue aprobada e impulsada por Jeanine Pirro, fiscal federal en Washington y aliada de Trump.

De acuerdo con una de las fuentes, ni la fiscal general Pam Bondi ni su adjunto Todd Blanche fueron informados previamente sobre la decisión de citar a la Fed.

Pirro afirmó el lunes por la noche que el Departamento de Justicia actuó porque la Reserva Federal ignoró pedidos para discutir sobrecostos en un proyecto de renovación de dos edificios históricos de su sede. “Esta oficina toma decisiones basadas en los méritos, nada más y nada menos”, escribió en X.

La amenaza de una imputación —formalmente vinculada a comentarios de Powell ante el Congreso sobre ese proyecto de obras— impulsó al alza las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense de largo plazo, mientras los inversores evaluaban qué implicaría una Fed menos independiente para la inflación y la política monetaria. Si se amplifica, esa reacción podría limitar los intentos de Trump de reconfigurar a la Fed, considerada el banco central más influyente del mundo y un pilar del sistema financiero global. Además, un aumento del costo del financiamiento de largo plazo podría jugar en contra del discurso de Trump sobre la “asequibilidad”.

La independencia de los bancos centrales, al menos en la fijación de tasas para controlar la inflación, es vista como un principio central de una política económica sólida, al aislar a los decisores monetarios de presiones políticas de corto plazo.

Este lunes, los ex presidentes de la Fed Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan se sumaron a ex responsables de política económica de ambos partidos para dar la señal de alarma. “Así es como se hace política monetaria en mercados emergentes con instituciones débiles, con consecuencias altamente negativas para la inflación y el funcionamiento de sus economías”, escribieron. Banqueros centrales de otros países, incluidos los de Francia y Canadá, expresaron públicamente su respaldo a Powell.

Dentro del Partido Republicano, el senador Thom Tillis, miembro del Comité Bancario del Senado, calificó la medida como un “error enorme” y advirtió que bloqueará cualquier nominación de Trump para la Fed —incluido el eventual sucesor de Powell— hasta que el tema legal se resuelva. A las críticas se sumaron los senadores Kevin Cramer y Lisa Murkowski, quien afirmó que “las apuestas son demasiado altas” y que, si la Fed pierde independencia, sufrirán los mercados y la economía.

Incluso la senadora Cynthia Lummis, habitual crítica de Powell, sostuvo que el uso de una figura penal parece “forzado” y que no ve intención criminal. “Necesitamos esto como necesitamos un agujero en la cabeza”, ironizó el senador John Kennedy.

Según Axios, el secretario del Tesoro Scott Bessent le dijo a Trump que la investigación “armó un lío” y podría dañar a los mercados financieros.

Más allá del repunte de las tasas largas, la reacción del mercado fue relativamente moderada: el oro marcó un máximo histórico, el dólar se debilitó y los principales índices de Wall Street cerraron en récord, impulsados por acciones vinculadas a la inteligencia artificial y por Walmart. “El mercado parece tranquilizarse por el hecho de que la respuesta de Powell activó una reacción adversa en el Senado, reforzada por el apoyo público de ex presidentes de la Fed y ex secretarios del Tesoro”, escribió Krishna Guha, de Evercore ISI.

Powell, nominado por Trump en 2017 y confirmado en 2018, finalizará su mandato como presidente de la Fed en mayo, aunque no está obligado a dejar el Directorio —con sede en Washington— hasta 2028. Varios analistas interpretaron que el último movimiento del gobierno aumenta las chances de que Powell permanezca en el banco central.

La amenaza de una imputación surgió cerca de dos semanas antes de que la Corte Suprema analice el intento de Trump de destituir a otra funcionaria de la Fed, la gobernadora Lisa Cook. Hasta ahora, Powell había evitado el choque público con la Casa Blanca, los republicanos mantenían silencio y los inversores observaban con cautela el pulso entre el Ejecutivo y la Fed durante el segundo mandato de Trump. La respuesta directa de Powell y el respaldo del Congreso abren un capítulo nuevo y más tenso del conflicto.

Las citaciones del Departamento de Justicia se vinculan a declaraciones de Powell ante el Congreso el verano pasado sobre sobrecostos en una renovación de u$s 2.500 millones del complejo de edificios de la Fed. “Tengo un profundo respeto por el estado de derecho y la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie —ciertamente tampoco el presidente de la Reserva Federal— está por encima de la ley”, dijo Powell. Pero agregó que esta acción “sin precedentes” debe entenderse en el contexto de “amenazas y presiones continuas” del gobierno para bajar las tasas y ganar mayor control sobre la Fed.

“Esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio ni con las obras. Es un pretexto. La amenaza de cargos criminales es consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas según lo que considera mejor para el interés público, y no según las preferencias del presidente”, afirmó.

Trump declaró a NBC News que desconocía las acciones del Departamento de Justicia. “No sé nada de eso, pero ciertamente no es muy bueno en la Fed ni en construir edificios”, dijo. Un vocero del Departamento de Justicia se negó a comentar el caso, pero señaló que la fiscal general ordenó priorizar la investigación de cualquier abuso de fondos públicos.