WASHINGTON.—En un giro inesperado, un juez federal de Estados Unidos suspendió temporalmente la decisión del presidente Donald Trump de congelar miles de millones de dólares en ayudas públicas, una medida que había generado preocupación por su impacto en programas esenciales, incluido el acceso a la cobertura médica para ciudadanos de bajos ingresos.
La orden judicial, emitida el martes por la tarde, detiene la implementación del decreto presidencial hasta el próximo lunes 3 de febrero, mientras se revisa su legalidad.
El conflicto comenzó con un memorando de la Casa Blanca, publicado el lunes por la noche, en el que se instruía a las agencias federales a congelar ciertos gastos de «asistencia» para asegurar que estuvieran alineados con las «prioridades del presidente». La medida, impulsada por la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca apenas una semana después de la asunción de Trump, amenazaba con retrasar el desembolso de cientos de miles de millones de dólares destinados a gobiernos locales, instituciones educativas y programas de apoyo a pequeñas empresas.
Según documentos a los que tuvo acceso la AFP, la orden requería que las agencias realizaran un «análisis completo» de los programas de asistencia y actividades de apoyo financiados por el Estado. La Casa Blanca defendió la medida como una acción «muy responsable», argumentando que buscaba garantizar que los fondos se utilizaran de manera eficiente y en línea con los objetivos de la administración.
Sin embargo, la decisión generó una ola de críticas y acciones legales. Fiscales generales de 23 estados anunciaron que impugnarían la orden, argumentando que pondría en riesgo programas vitales, como los relacionados con la transición energética y la ayuda a zonas afectadas por catástrofes naturales. Además, varias ONG y grupos empresariales presentaron una demanda contra la Oficina de Presupuesto para bloquear la implementación del decreto.
La fiscal general de Míchigan, Dana Nessel, anunció en la red social X que había iniciado una investigación para «proteger estos programas y reactivar servicios vitales». La medida también ha sido comparada con una decisión anterior de la administración Trump que congeló partidas de ayuda exterior, lo que generó preocupación sobre el impacto en la política social y económica del país.
Aunque la orden no afecta directamente a programas como Medicare, que proporciona seguro médico a los jubilados, su suspensión temporal por parte del juez federal representa un revés para la administración Trump y subraya las tensiones entre el poder ejecutivo y otros actores políticos y judiciales en Estados Unidos.
El caso continúa en desarrollo, y se espera que en los próximos días se defina el futuro de estos fondos y su impacto en millones de ciudadanos.