GINEBRA.- Los estados miembros de Naciones Unidas han pedido a Catar que reforme la política de derechos de los trabajadores domésticos y prohíba la pena capital.

Catar es uno de los 14 estados que actualmente se someten a una evaluación del Consejo de Derechos Humanos, un proceso dirigido por la ONU conocido como Examen Periódico Universal (EPU) que involucra a los 193 estados miembros.

Desde su última revisión en 2014, el país del Golfo ha tomado una serie de iniciativas para alinear su legislación nacional con los convenios internacionales de derechos humanos, declaró un funcionario de Doha. Soltan bin Saad Al-Muraikhi, ministro de Asuntos Exteriores y jefe de la delegación, enumeró varios actos y decretos emitidos desde la última visita del Relator Especial para los Derechos Humanos en 2014 con el objetivo de defender los derechos de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los trabajadores migrantes.

Catar se ha adherido a siete tratados de la ONU, incluidos dos importantes en 2018: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Establecen las pautas civiles, políticas, económicas, sociales y culturales a las que todos tienen derecho, en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Sin embargo, los estados miembros pidieron a Catar que elimine sus reservas a algunos de los artículos de los pactos y que adapte rápidamente sus leyes nacionales a sus principios. «Es un trabajo en progreso, hemos creado comités que revisarán nuestras legislaciones en base a los artículos de los pactos», aseguró un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores catarí.

Las tres principales cuestiones de derechos humanos que surgieron del ciclo de revisión del miércoles incluyeron el derecho de las madres de Catar a transferir la nacionalidad a sus hijos, la abolición de la pena de muerte y la implementación de las reformas laborales más recientes.

Los delegados recomendaron que el país modifique su ley de nacionalidad para permitir que las mujeres cataríes casadas con hombres que no son ciudadanos transmitan la nacionalidad a sus hijos desde el nacimiento, en particular a aquellos que de otro modo serían apátridas.

El año pasado, Catar modificó su ley de residencia para garantizar que los niños nacidos de madres cataríes y padres extranjeros tengan derecho a permisos de residencia permanente. Sin embargo, las madres cataríes no pueden transmitir la nacionalidad a sus hijos, un problema que se considera una violación de los derechos de las mujeres y los niños.

Varios países también pidieron una moratoria permanente sobre la pena de muerte. Un delegado de Catar en el Consejo señaló que el país no ha implementado la pena de muerte desde 2005, a excepción de un caso relacionado con «un delito particularmente atroz».

También se pidió al estado del Golfo que extienda sus recientes reformas laborales a los trabajadores domésticos, especialmente mediante la creación de herramientas de inspección y redes de seguridad efectivas para los trabajadores sujetos a abusos que desean abandonar a sus empleadores.

En octubre de 2017, Doha firmó un acuerdo de cooperación de tres años con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para 2018 a 2020. En virtud del acuerdo, la OIT brinda asesoramiento para mejorar el sistema de protección salarial, inspección y la sustitución de la kafala (sistema de patrocinio). Sin embargo, sigue existiendo la preocupación de que las enmiendas al código laboral luego de la abolición del sistema kafala en 2017 permitan su implementación.