BOGOTÁ.- Transparencia Internacional (TI) presentó un informe cuando la pandemia estaba en su fase inicial en América Latina, en el que resaltó la necesidad de garantizar la claridad en la asignación de fondos públicos y hacer un control efectivo para evitar sobreprecios y desvíos en países históricamente corruptos.
“La corrupción a través de las compras y contrataciones que realizan los gobiernos en el contexto de la emergencia por la pandemia del coronavirus podría aumentar en América Latina”, sostiene el informe de la ONG internacional presentado a comienzos de marzo.
El documento, realizado por los 13 grupos que componen el organismo líder en la lucha contra la corrupción, sostiene que es “urgente” asegurar que las compras y contrataciones directas que realizan los Estados no sean “desviadas por la corrupción y el oportunismo”, sino que cumplan el objetivo de aliviar el impacto en la salud y en las economías regionales.
No obstante, mientras TI preparaba su informe, ya había funcionarios orquestando el desfalco.
Este viernes, Carlos Felipe Córdoba, Contralor General de la República de Colombia, aseguró que la entidad ha detectado una serie de irregularidades en torno al manejo de los recursos, que están siendo destinados para la atención del coronavirus en las diferentes regiones de ese país sudamericano.
Según Córdoba, están en estudio más de 5.198 contratos en los que se están usando los recursos destinados para la atención de la pandemia y en dicho análisis ya se encontraron irregularidades.
“Gobernaciones y Alcaldías están firmando contratos que generan suspicacias en valores irregulares y por no tener información necesaria del contratista”, indicó el funcionario.
Una prueba de ello, sostiene Córdoba, son las irregularidades que se están generando en el departamento de Arauca. Según el Contralor, en esa zona el país está realizando contratos en donde los artículos de la canasta básica se les aplica un sobrecosto escandaloso. “Es insólito que en semejante crisis quieran hacer un agosto de esta magnitud”, acotó.
En ese sentido, este sábado, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció la apertura de 10 procesos disciplinarios contra funcionarios de ocho de departamentos de Colombia, acusados de irregularidades en la suscripción de contratos relacionados con la emergencia sanitaria que superan la escandalosa suma de 800 mil millones de pesos colombianos, unos 200 millones de dólares.
Bien destaca TI que “la experiencia de América Latina demuestra que lo que realmente compromete la entrega de los bienes necesarios para atender las necesidades de la población es la opacidad y la corrupción”.
Un ejemplo muy claro de ello sucedió en África, durante el brote mortal de ébola, el ministro de la cartera de Sanidad de la República Democrática del Congo (RDC), Olly Ilunga, fue hallado culpable de malversar cerca de 4,3 millones de dólares destinados a combatir ese patógeno.
Esto llevó a la Organización Mundial de la Salud a advertir que si bien el virus de la fiebre hemorrágica es muy agresivo y mata a ocho de cada 10 personas infectadas, lo que mató más gente en África fue la corrupción en torno a los fondos para contener la epidemia.
