WASHINGTON.- El gobierno de Donald Trump anunció el lunes que continuará con medidas agresivas para restringir la inmigración legal. Negar la residencia a muchos inmigrantes que hagan uso de asistenta médica Medicaid o reciban muchos cupones de alimentos. Así como subsidios para vivienda u otras pensiones.
La normativa permite rechazar los permisos de residencia concedidos a los inmigrantes que las autoridades consideren que se han convertido en una “carga pública” para el país.
Bajo esta nueva regla, un migrante legal que vive en Estados Unidos será definido como “carga pública” si “recibe uno o más beneficios públicos”. Eso sí, por un periodo de 12 a 36 meses.
“A través de la nueva regla de la carga pública, la Administración de Trump se está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal. Pretende asegurar que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito aquí en Estados Unidos”, aseguró Ken Cuccinelli, interino de Servicios a la Ciudadanía e Inmigración.
Como un alivio, Cuccinelli aseguró que esta medida no afectará a los refugiados, asilados y víctimas de violencia domestica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos.
Según el Gobierno, la regulación entrará en vigor a partir del próximo 15 de octubre. Asimismo, se espera que la norma enfrente demandas en los próximos días, por lo que su implementación podría retrasarse.
La mano dura de Trump contra la inmigración legal o ilegal
En las últimas semanas la Casa Blanca ha mostrado su mano dura contra la inmigración legal como ya vimos, y contra la ilegal. La semana pasada se ordenó la detención de 680 inmigrantes durante la redada más grande de los últimos años en seis ciudades del estado de Misisipi.
Una nueva encuesta del Pew Research Center publicada el lunes, reveló que el público estadounidense es crítico sobre el manejo que el Gobierno le da tema de inmigrantes. El 65% de lo entrevistados dijeron que el gobierno federal está haciendo un trabajo muy malo.
Asimismo, la encuesta halló un amplio apoyo a la posibilidad de que los migrantes que viven en el país ilegalmente puedan regularizar su situación.
