MANAGUA.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que su Gobierno no volverá a permitir elecciones que puedan poner en riesgo la continuidad del oficialismo en el poder, en una declaración que refuerza el endurecimiento del régimen tras la reforma constitucional aprobada este año.
«Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder«, sostuvo Ortega durante el acto por el 47° aniversario de la Revolución Sandinista, celebrado el domingo en Managua.
El mandatario, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y ha sido acusado por organismos internacionales y la oposición de consolidar un régimen autoritario mediante fraudes electorales, persecución política y la eliminación de competidores.
Desde febrero de 2025 comparte formalmente la jefatura del Estado con su esposa, Rosario Murillo, quien asumió como copresidenta tras una reforma constitucional. Murillo había ocupado la vicepresidencia desde 2017.
Durante su discurso, Ortega calificó a los opositores exiliados de «golpistas» y «vendepatrias», aseguró que buscan regresar al poder para enriquecerse y anticipó nuevas reformas legales para impedir cualquier intento de desafiar al oficialismo.
En ese sentido, anunció que trabajará junto con la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— para aprobar nuevas normas destinadas a bloquear la actividad de la oposición.
La reforma constitucional que entró en vigor a comienzos de 2025 modificó profundamente el funcionamiento institucional del país. Entre otros cambios, amplió de cinco a seis años el mandato presidencial, creó la figura de la copresidencia, subordinó los restantes órganos del Estado al Poder Ejecutivo y legalizó la figura de la apatridia.
Como consecuencia de esas modificaciones, las elecciones generales previstas inicialmente para noviembre de 2026 quedaron postergadas, en principio, hasta noviembre de 2027.
La reforma fue cuestionada por la ONU, la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y organizaciones opositoras, que sostienen que eliminó los contrapesos institucionales y concentró aún más el poder en manos de Ortega y Murillo.
En enero de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Murillo de asumir el cargo de copresidenta «sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad», y sostuvo que el Gobierno nicaragüense priva a la población del derecho a elegir libremente a sus autoridades mediante procesos democráticos.
