DAMASCO.- La Ley Número 10, presentada por el presidente Bashar al-Assad, hace un llamado a los sirios a registrar sus propiedades privadas en el Ministerio de Administración Local dentro de 30 días. Potencialmente permitiría que el estado confisque las tierras de millones de personas desplazadas internamente o refugiadas.
Mientras miles de sirios huyen de sus casas en Guta Oriental para escapar de una feroz ofensiva aérea y terrestre liderada por fuerzas progubernamentales, el régimen propuso una legislación por la cual los titulares de bienes inmuebles deberán presentar documentos de prueba de propiedad o asegurarse de que un pariente lo haga en su nombre. De lo contrario, se enfrentarán a tener que renunciar a sus propiedades para el estado.
De acuerdo con el artículo 2 de la ley, un organismo regulador será responsable de elaborar una lista de propietarios de inmuebles para las áreas bajo control gubernamental. Las propiedades que no sean reclamadas por sus propietarios dentro del período de un mes se convertirán en parte de un plan para reorganizar las áreas a las que pertenecen en nuevas zonas residenciales.
Con alrededor de 13 millones de sirios desplazados interna o externamente y, por lo tanto, sin poder acceder a sus tierras, muchas familias se enfrentan potencialmente a perder sus hogares para siempre. «Es la última de una serie de medidas tomadas por el estado para castigar a quienes se han opuesto al gobierno de al-Assad «, aseguró Nizar Ayoub, fundador de Al-Marsad, el Centro Árabe para los Derechos Humanos.
