CIUDAD DE GUATEMALA.- Una amplia red de corrupción operó en el Ministerio de Salud de Guatemala entre los años 2012 y 2014 y que vio este martes la luz a través del caso. “El asalto al Ministerio de Salud” ha dejado a 112 personas implicadas, 19 de ellas capturadas y reveló que los señalados cobraron más de 7 millones de dólares del erario público en sobornos.
Así esta investigación realizada por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que permitió el arresto de 19 personas implicadas, de las 28 órdenes de captura emitidas, la citación de otras 84 y la presentación de 10 antejuicios contra 10 diputados que estuvieron implicados en este “macro” caso.
Los supuestos ilícitos ocurrieron durante el mandato del expresidente Otto Pérez Molina, llevado a juicio y encarcelado tras una investigación del organismo contra la corrupción.
Según el comunicado publicado por la Cicig, la estructura criminal se aprovechó de las pérdidas materiales tras el terremoto de noviembre de 2012 en el sistema de salud para, entre otros delitos, entregar unas 450 plazas como pago a favores políticos.
Tras tres años de trabajo conjunto, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Cicig determinaron que la estructura criminal operaba dentro del Ministerio de Salud Pública, la cual ocasionó “un detrimento importante del erario público mediante la asignación de contratos con el fin de obtener un beneficio individual ilícito”.
El comunicado sostiene que en los ilícitos participaron diputados que usaron documentos oficiales del Congreso para dar instrucciones sobre el personal, tipo de plaza y salario para los nombramientos en los distintos puestos de trabajo del Ministerio.
Esta podría ser una de las últimas investigaciones del organismo internacional, cuyo mandato concluye en noviembre próximo, tras los obstáculos a sus funciones por parte del gobierno del presidente, Jimmy Morales, acusado por la entidad de corrupción.
Entre 2007 y 2018, la Cicig apoyó a la Fiscalía de Guatemala en la investigación de estructuras criminales infiltradas en las instituciones del Estado, y logró presentar más de 100 casos, varios de estos estrechamente relacionados con violaciones a los derechos humanos en ese país centroamericano.