ANKARA.— Este jueves, el parlamento turco aprobó una ley que castiga con penas de entre uno y tres años de cárcel a cualquiera que difunda “información falsa” en internet “con motivo de crear miedo”.
El partido oficialista AKP del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su socio de coalición, el ultranacionalista MHP, aprobaron la norma pese a la tajante oposición de las restantes tres formaciones de la Cámara, el socialdemócrata CHP, el nacionalista IYI y el izquierdista HDP.
Turkey has approved a new media law that could see individuals sentenced to up to three years in prison for spreading «fake news» or «disinformation»https://t.co/R77ixBOlbY
— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 13, 2022
La ley sobre periodismo digital lleva debatiéndose desde hace días, y el artículo de hoy es polémico y confuso, pues establece penas por la difusión de «noticias que no corresponden a la realidad«.
«Será castigado con uno a tres años de cárcel quien difunda públicamente, de forma que pueda perturbar la paz social, y con ánimo de sembrar preocupación, miedo o pánico en el pueblo, noticias que no correspondan a la realidad, referidas a la seguridad interna o externa del país, al orden público o la salud general», reza el artículo 29 de la ley.
La oposición al Gobierno de Erdogan percibe la normativa como una puerta abierta para enviar a prisión no solo a periodistas independientes sino a cualquier ciudadano detractor de su gestión.
Durante un encendido debate parlamentario, el diputado socialdemócrata Burak Erbay escenificó ayer, miércoles, de forma drástica lo que a su juicio significa la ley para Turquía, destrozando a martillazos un teléfono móvil en el atril.
La representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la libertad de prensa, Teresa Ribeiro, pidió ya el lunes a Turquía revisar su proyecto de ley. «Las vagas definiciones y el amplio alcance de la nueva legislación» pueden conducir «a acciones arbitrarias y políticamente motivadas a expensas de la libertad de expresión», advirtió.
La ley podrá entrar en vigor en cuanto sea rubricada por el presidente, si bien el CHP ya ha anunciado que la recurrirá de inmediato ante el Tribunal Constitucional.
