CARACAS.— Cuatro periodistas detenidos durante las protestas poselectorales en Venezuela fueron imputados por delitos de terrorismo, informó este miércoles el Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que denunció que las autoridades impiden el acceso de abogados defensores privados.
«Denunciamos el uso ilegal y arbitrario de las leyes antiterrorismo en Venezuela, especialmente contra los periodistas y reporteros gráficos detenidos durante las protestas postelectorales en el país», dijo el SNTP en un comunicado difundido en sus redes sociales.
Los reporteros gráficos Yousner Alvarado (Barinas, oeste) y Deisy Peña (Miranda, centro), el camarógrafo Paúl León (Trujillo, oeste) y el periodista José Gregorio Carnero (Guárico, centro) fueron imputados por delitos de terrorismo y se encuentran detenidos en cárceles de sus respectivos estados.
Todas las detenciones ocurrieron después de las elecciones del pasado 28 de julio y en el contexto de las manifestaciones contra la reelección del presidente Nicolás Maduro, indicó el SNTP.
La prensa local asegura que los periodistas se encontraban en labores en el momento del arresto.
«En todos los casos se ha impedido la juramentación de defensa privada», añadió el sindicato.
Horas después de que el 28 de julio Maduro fuera proclamado presidente reelecto con el 52% de los votos estallaron manifestaciones en toda Venezuela para rechazar el resultado.
Las protestas defendían el voto a favor del candidato opositor Edmundo González Urrutia, representante de la inhabilitada María Corina Machado y principal rival de Maduro en los comicios, que denunció un fraude.
Las protestas derivaron en disturbios con al menos 24 muertos, según organizaciones de derechos humanos, y más de 2.200 detenidos, según Maduro.
Entre los detenidos, también se cuentan dirigentes opositores, uno de ellos el periodista Roland Carreño, activista del partido Voluntad Popular (VP).
La fiscalía además ha señalado que entre los cargos que enfrentan los detenidos están «incitación al odio» y «terrorismo», delito que conlleva 30 años de cárcel, pena máxima en Venezuela.
Las autoridades además investigan penalmente a Machado y González Urrutia por «incitación a la insurrección» después de que pidieran apoyo a la Fuerza Armada.