BUCAREST.- En el día de ayer 12 países publicaron un comunicado en junto para obligar a las autoridades de Rumanía a retirar dos decretos que, a criterio de ellos, podrían poner fin a la independencia judicial de país.

«Estamos profundamente preocupados por la integridad del sistema judicial de Rumanía, que ha sido sacudido por modificaciones impredecibles que (…) conllevan el riesgo de socavar la independencia judicial, romper valores comunes y perjudicar el desarrollo económico del país», escribieron los doce en el texto difundido ayer miércoles 3 de abril.

Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega, Países Bajos y Suecia, quienes son socios de este país, le reclamaron «evitar cualquier cambio que pueda debilitar el Estado de Derecho y su capacidad para combatir el crimen y la corrupción».

A modo de solución, estos países propusieron invitar a diálogo a todas las partes implicadas, así como también invitar a expertos nacionales e internacionales que pueden contribuir a ver cómo se pueden evitar grandes daños en el sistema judicial.

Los 12 pidieron que las autoridades rumanas reafirmen de inmediato sus compromisos políticos y así defender los valores que comparten con los socios, ya que de lo contrario la confianza de los socios internacionales podría verse afectada.

Los decretos en cuestión estipulan que varios casos de corrupción podrían archivarse y revertirse de forma retroactiva las sentencias del Tribunal Supremo. Los mismos beneficiarían, por ejemplo, a la líder socialdemócrata Liviu Dragnea, quien no pudo convertirse en primer ministro un la pena de cárcel suspendida que recibió en 2015 por un caso de compra de votos.