WASHINGTON.— Estados Unidos avanzó en la flexibilización de sanciones sobre Venezuela al autorizar servicios de asesoría legal y financiera para el Gobierno y la petrolera estatal PDVSA, en un movimiento que apunta a preparar el terreno para una futura reestructuración de deuda, aunque sin habilitar su ejecución.

La medida fue implementada a través de una nueva licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que permite a firmas internacionales analizar, diseñar y estructurar propuestas vinculadas a la deuda soberana y corporativa venezolana. Sin embargo, el alcance es explícitamente limitado: no se autorizan renegociaciones, pagos ni acuerdos con acreedores.

En la práctica, Washington habilita el trabajo “de escritorio”, pero mantiene bloqueada la ejecución. Es decir, se puede preparar el plan, pero no implementarlo.

La nueva licencia se inscribe en una estrategia más amplia de relajación gradual de sanciones durante 2026, con foco en reactivar el sector energético y normalizar parcialmente la relación bilateral. En paralelo, EE.UU. ya había autorizado operaciones limitadas vinculadas al petróleo venezolano bajo condiciones estrictas y supervisión financiera.

El esquema mantiene restricciones clave: siguen prohibidas las transacciones directas sobre deuda, así como operaciones con países aliados de Caracas como Rusia, Irán o China.

El mensaje del Tesoro es claro: apertura selectiva, pero con control total del proceso.

La decisión tiene lógica financiera. Venezuela arrastra un default desde 2017 y una deuda que supera ampliamente los u$s 150.000 millones, en un contexto donde cualquier reestructuración requiere condiciones políticas, legales y regulatorias que aún no están dadas.

En ese marco, permitir la asesoría es un paso previo indispensable para ordenar escenarios, mapear acreedores y diseñar alternativas. Pero sin levantar las sanciones sobre los flujos financieros, la reestructuración sigue siendo, por ahora, teórica.