QUITO.—  La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha denunciado una “política de guerra” del Gobierno de Daniel Noboa tras la aprobación del Decreto 174, que impone el estado de excepción en diez provincias en plena movilización nacional.

La medida, que suspende la libertad de reunión y autoriza la intervención militar, fue calificada por el movimiento indígena como una “represión sistemática contra el pueblo ecuatoriano”.

El conflicto se originó hace casi dos semanas, cuando entró en vigor el Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel y elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón. La decisión impactó de manera directa en el transporte y la producción agrícola, generando un rechazo generalizado en zonas rurales y campesinas.

Desde entonces, la Conaie acusa al Gobierno de criminalizar la protesta social y de responder con violencia a las demandas populares.

El Decreto 174, emitido el sábado, impone el estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, bajo el argumento de “mantener el orden público”.

La norma faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a controlar manifestaciones, restringir reuniones en espacios públicos y realizar registros sin orden judicial. Para la Conaie, estas disposiciones constituyen una militarización masiva que pone en riesgo la vida y los derechos de las comunidades rurales. La organización denuncia un aumento de las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza como herramienta de control.

El paro nacional, convocado el 18 de septiembre, exige la derogación del Decreto 126 y reclama políticas que protejan a las familias más vulnerables. Según la Conaie, la eliminación del subsidio encarece el costo de vida, agrava la precarización laboral y consolida un modelo económico regresivo.

En su último comunicado, la organización subrayó que “protestar no es un delito” y que la lucha se extiende “por la vida, la dignidad y los derechos colectivos del Ecuador”. Además, ha solicitado la intervención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para monitorear la situación y frenar los abusos de las fuerzas de seguridad.

El Ejecutivo de Noboa, por su parte, defiende el estado de excepción como una medida necesaria para restablecer el orden y garantizar la seguridad ciudadana.

Sin embargo, organizaciones sociales y juristas advierten que la suspensión de derechos constitucionales puede derivar en abusos de poder y violaciones de derechos humanos. En paralelo, distintos sectores productivos alertan sobre los efectos económicos del paro, con bloqueos de carreteras que afectan el transporte de alimentos y combustibles.

A pesar de ello, la Conaie mantiene su postura y sostiene que solo el diálogo con resultados concretos podrá frenar las movilizaciones. Si el Gobierno no abre espacios de negociación, el conflicto podría escalar hacia una crisis política nacional.

Con el paro entrando en su tercera semana, los analistas plantean tres posibles escenarios: el inicio de un diálogo nacional con mediación internacional, la ampliación del estado de excepción o una revisión constitucional del decreto. Mientras tanto, Ecuador atraviesa un clima de tensión creciente, con el movimiento indígena decidido a mantener su protesta hasta lograr la derogación de los decretos 126 y 174.