LIMA.- El exmandatario peruano Alan García Pérez solicitó asilo en la embajada de Uruguay en Lima después de que la justicia peruano le prohibiera salir del país por 18 meses mientras es investigado por una presunta colusión agravada y lavado de activos en el caso de Odebrecht en ese país sudamericano.
A través de un comunicad el embajador uruguayo en Perú, Carlos Alejandro Barros, comunicó que el sábado García ingresó en horas de la noche a su residencia y que solicitó asilo a dicho país, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte Perú y Uruguay.
Ahora García se encuentra a la espera de la evaluación de su pedido por parte del Gobierno del presidente Tabaré Vasquez. García es investigado en Perú por supuestamente haber recibido un pago de Odebrecht por 100.000 dólares para dictar una conferencia en Brasil, a través de un intermediario.
El mismo sábado en horas de la mañana la justicia peruana impuso a García un impedimento de salida del país por 18 meses, una medida a la que el exmnadatario “consideró que “no era una sanción”.
Sin embargo, el juez Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, valoró que “existen suficientes elementos de convicción”para declarar fundada la medida.
Sánchez consideró que documentos entregados por Odebrecht en el marco de una colaboración eficaz con la fiscalía brasileña, infieren que el dinero que García recibió de la empresa provenía de fuente ilícita, por lo que señaló que “amerita no solo la investigación en este caso, sino la imposición de la medida a fin de que los hechos sean aclarados”.
García llegó de España, donde reside actualmente, para declarar ante la Fiscalía por este caso. La medida impuesta por el juez logró que el caso entrara en una espiral insospechada.
El objetivo de la fiscalía es impedir que García salga de Perú para evitar que eluda el proceso, como ya lo hizo en 1992, cuando se exilió en el país vecino, Colombia, y luego vivió en Francia, hasta que en 2001 se declaró que había prescrito una acusación por presunto enriquecimiento ilícito durante su primer mandato (1985-1990).
