NUEVA YORK.— En medio de un repunte generalizado de la violencia en Estados Unidos, el presidente Joe Biden, anunció este jueves nuevas medidas para dificultar el acceso a las armas de fuego por parte de criminales; y de esta forma garantizar a la policía los recursos que necesita para responder.
El presidente viajó a la ciudad de Nueva York para hablar sobre el fuerte aumento de los homicidios y para dar su apoyo a las fuerzas de seguridad después del reciente asesinato de dos agentes en un tiroteo registrado en Harlem.
“La respuesta no es quitar fondos a la policía”, subrayó Biden, reiterando su oposición a ese reclamo que se hizo popular durante las protestas contra la violencia de los últimos años y que abrazó buena parte de la izquierda del país.
Every day in this country 316 people are shot and 106 are killed. Enough — the scourge of gun violence has to end.
Today, I traveled to New York City to meet with leaders and discuss how we can work together to reduce gun crime and make our communities safer. pic.twitter.com/OicbQCbuIZ
— President Biden (@POTUS) February 4, 2022
En su discurso, el presidente insistió en que quiere dar a los agentes las “herramientas, el entrenamiento, la financiación” que necesitan para proteger a sus comunidades.
Biden ideó un plan para invertir 500 millones de dólares en refuerzo policial en las ciudades y en iniciativas como fomentar las actividades extraescolares para tener ocupada a la adolescencia, así como crear oportunidades económicas en los barrios más deprimidos, aunque el gasto aún debe ser aprobado por el Congreso.
Biden dejó claro que hoy su Gobierno no quiere quedarse de brazos cruzados ante el problema de las armas de fuego, que en 2021 se cobraron en Estados Unidos más de 20.000 vidas, sin contar suicidios, según el recuento de Gun Violence Archive.
Las acciones anunciadas, sin embargo, no presentan grandes cambios y se centran principalmente en aplicar mayor rigor a normas ya existentes, sobre todo en lo que respecta al tráfico ilegal de armas.
Biden aprovechó la ocasión para volver a pedir al Congreso importantes reformas legislativas que por ahora no tienen visos de prosperar, como la prohibición de armas de asalto y los cargadores de alta capacidad; la verificación de antecedentes a los compradores de armas o fin de la “inmunidad” de la que gozan los fabricantes ante posibles demandas.
